La AVT ve «vergonzoso» que Otegi no esté en el juicio por financiar a ETA

La abogada de Enrique Pamies, condenado a un año y medio de cárcel por el ‘caso Faisán’ subraya que su cliente es inocente y que hay vías de la investigación sin agotar.

Un total de 36 miembros de Batasuna se sientan desde ayer en el banquillo ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acusados de participar en la financiación de la banda terrorista ETA a través de más de un centenar de herriko tabernas, en un proceso que se extenderá presumiblemente durante los próximos cinco meses. Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Karmelo Landa, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Álvarez son algunos de los radicales que serán juzgados en este proceso por la subordinación de las estructuras de Batasuna a ETA y la financiación de la banda, un caso que comenzó a investigarse en 2002 con el magistrado Baltasar Garzón como responsable.

En el macro juicio no está incluido el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, lo que la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, consideró «vergonzoso». Pedraza advirtió de la «importancia» que tiene este proceso porque «tan grave es apretar el gatillo, como recaudar fondos y hacer posible que una organización terrorista se siga financiando para cometer asesinatos».

La vista oral comenzó en una sala abarrotada, en la que estaban los 110 dueños de los bares simpatizantes con el entorno aberzale, ya que tuvieron que comparecer como responsables civiles en la causa. Por otro lado, el Tribunal acordó apartar del juicio a una asociación de ayuda a mujeres prostitutas que fue confundida por error con una herriko taberna.

Además, la Fiscalía solicitó que declare prescrito el delito que se le imputa a Josu Iraeta y José Antonio Egido; mientras que las defensas reclamaron que ocho acusados puedan ausentarse del juicio por estar enfermos o para asistir a familiares a su cargo.

Sin cerrar

En lo que concierne a las condenas por el proceso del caso Faisán, la abogada del exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, María Ponte, insistió ayer en que su cliente es inocente del delito del chivatazo a la red de extorsión de ETA y subrayó que la sentencia de la Audiencia Nacional ha dejado «muchas vías de investigación que no se han agotado, ni mucho menos». Según Ponte, han quedado sin investigar más de 3.000 llamadas de teléfono, las redes francesas que daban coberturas al bar Faisán y las llamadas inferiores a cuatro minutos, lamentó.

Pamies y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por la Audiencia Nacional a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer su cargo a los dos mandos policiales acusados del chivatazo a ETA, que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), el 4 de mayo de 2006, una sentencia de la que, según el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, «el Tribunal Supremo tendrá la última palabra». El político aseguró ayer que, a pesar de no haber leído tal sentencia, la respeta.

Pese a que fue preguntado por la reacción de las víctimas de la banda ante esta resolución, y dado que él era ministro del Interior cuando se produjo el chivatazo, Rubalcaba declinó hacer más comentarios: «Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir», zanjó al respecto de este caso.