Los expresidentes de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Los expresidentes de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. / efe
Publicidad

La Fiscalía Anticorrupción aseguró que la “trascendencia” del cambio que en el año 2000 dio lugar a la instauración del procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares “exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico” de los por entonces consejeros de Hacienda y Empleo, el presidente de la Junta, Manuel Chaves. La actuación y participación de Chaves en los hechos investigados y juzgados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha sido la última desgranada por la Fiscalía Anticorrupción este martes en su informe final en la causa conocida como pieza política de los ERE.

La Fiscalía explicó que, tras los reparos de la intervención delegada de Empleo a las ayudas de Hamsa en el año 2000, la Junta de Andalucía, ante “la necesidad de rapidez y agilidad”, determinó un cambio en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se plasmó con la aprobación el 16 de abril del citado año de una modificación presupuestaria dentro del programa presupuestario 31L con el que se concedían estas subvenciones excepcionales introduciendo una transferencia de financiación para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de estas ayudas.

“Sabiendo Chaves que no era un cambio menor, pues suponía un cambio en la presupuestación —pasando del concepto subvenciones excepcionales a transferencias de financiación—, el uso de una aplicación indebida, y con la consecuencia lógica de que se suprimía la fiscalización previa individualizada de cada ayuda”, añadió la Fiscalía.

“La trascendencia de los cambios y la intervención de varias consejerías en el mismo hace que sea difícilmente asumible que fuera una decisión del consejero de Empleo, entonces Guillermo Gutiérrez, por sí solo, con la autorización de la consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, sino que exigía una decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves”, aseguró el fiscal Juan Enrique Egocheaga.

El Ministerio Público quiso resaltar el contexto de crisis laboral y empresarial existente en Andalucía a finales de la década de los 90 y principios del 2000. Por ello, considera “lógico” pensar que cualquier “variación” en el sistema de concesión de las ayudas sociolaborales “para evitar retrasos tenía que pasar por el superior de los consejeros afectados, el presidente del Consejo de Gobierno”.

El Consejo de Gobierno, presidido por Chaves, aprobó la citada modificación presupuestaria y las de años siguientes, así como “el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2002 que por primera vez ya introducía el concepto transferencia de financiación a IFA para el pago de las ayudas”, “permitiendo” ese año y en los presupuestos hasta el ejercicio 2009 el uso de los fondos del 31L para la concesión de ayudas con la consignación “indebida”, que “sabía”, de las transferencias de financiación a IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

“Sabía” que la Dirección General de Trabajo concedía ayudas y que IFA/IDEA pagaba por orden de la Dirección General de Trabajo, “sabiendo” que no estaban siendo sometidas a fiscalización previa.

Funcionarios

“Podíamos llegar al absurdo de que bajando de rango al final las decisiones de mayor calado de la Junta están en manos de funcionarios de rango inferior porque los superiores manifiestan no conocerlos. Una cosa es la delegación de competencias o el principio de confianza debida, y otra es ignorar lo que por su importancia y relevancia es objeto inexorable de conocimiento y decisión de los máximos responsables de los centros directivos, el presidente y los consejeros de Empleo, de Hacienda y de Innovación”, explicó la Fiscalía ante los medios.

“No exigimos al presidente que conozca toda la actuación de su administración, pero es difícil entendible que decisiones de calado político y económico sean desconocidas por el presidente de todos los andaluces y los consejeros”, ha afirmado, añadiendo que la delegación de competencias “no excluye el principio de jerarquía”, recalcó.