La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y la ministra de Educación y Portavoz, Isabel Celaá , en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y la ministra de Educación y Portavoz, Isabel Celaá , en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / EFE

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la desacarbonización al 100 por 100 de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también formarán parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, dijo que el paquete normativo es la “combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea”.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para “facilitar y orientar” la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.
“Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el provenir garantizando la equidad”, subrayó Ribera.

Así, defiende que este es un marco “ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible” que permitirá la creación y “reposicionamiento” la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

En dos fases

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20 por ciento (%) las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos un 35%.

Por tanto, Ribera dijo que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar “una de cada tres toneladas de dióxido de carbono” y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en al menos un 90% con respecto a 1990.

Otras de las medidas contempladas es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están “debidamente” justificados.

El anteproyecto establece en 2050 la fecha en la que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros deberá ser libre de emisiones directas de CO2. Como paso intermedio, los nuevos coches y furgonetas serán cero gramos de emisión de CO2 por kilómetro “no más tarde en el año 2040”. Asimismo, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar antes de 2023 con zonas de bajas emisiones.