El fiscal Javier Zaragoza. / Efe
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El choque de posturas entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado marcó la jornada de ayer en el juicio al ‘procés’ en el Tribunal Supremo. En este sentido, el Ministerio Público fue tajante al manifestar que el ‘procés’ fue “un golpe de Estado” articulado a través de “una insurrección” que trató de liquidar la Constitución por medio de una “violencia suficiente” promovida por los líderes independentistas, que actuaron como “una organización criminal”.

Tanto es así que los cuatro fiscales no solo dedicaron esfuerzos a ampliar el concepto de violencia para apuntalar la rebelión sino también a desvirtuar la sedición, términos que invirtió la abogada del Estado dando lugar a una paradójica situación en la que ambas partes entraron en conflicto corrigiendo y arremetiendo contra los argumentos del otro.

La Fiscalía insistió en que hubo “violencia física, compulsiva e intimidatoria”, que atribuyó a los acusados por desoír las advertencias de la cúpula de los Mossos al Govern y por “incitar a los ciudadanos a enfrentarse, a defender los colegios y a oponerse a las fuerzas de seguridad”. Su responsabilidad se materializa en los 1.093 heridos del 1-O, de manera que la Fiscalía no deslinda, como hacen las defensas, los 93 agentes lesionados de los 1.000 civiles heridos.

La violencia solo fue, en su opinión, la herramienta final para culminar el “golpe del Estado” que se consumó el 27 de octubre con la proclamación de independencia, momento en que “la Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña”. Dicho de otro modo, se perpetró “la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales”, lo que supone”un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición”, dijeron los fiscales, que recordaron las palabras del rey en su intervención del 3 de octubre.

La respuesta

Por su parte, la Abogacía del Estado fundamentó su acusación por sedición en el juicio del ‘procés’ frente al delito de rebelión del que acusa la Fiscalía en la idea de que la violencia no fue “uno de los elementos estructurales del plan” de los acusados para alcanzar la independencia de Cataluña.

A juicio de la Abogacía, dependiente del Gobierno, no puede considerarse probado que los acusados organizasen y contemplasen la violencia “como un instrumento nuclear” para la consecución de sus fines, ni tampoco que fuese “idónea, suficiente o proporcionada” para conseguirlos.

Es la forma en la que la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa Seoane, defendió ante el Tribunal Supremo la prevalencia del delito de sedición frente al de rebelión, dos tipos penales que se diferencian fundamentalmente en la concurrencia de violencia para la consecución de los fines.

La Abogacía apostó por la sedición al asegurar que nueve acusados participaron “de forma absolutamente predeterminada y organizada” en un “alzamiento público y tumultuario que tuvo lugar el 1-O” con la “finalidad clara de impedir y neutralizar” el mandato judicial que ordenaba impedir el referéndum, declarado ilegal.

Seoane, quien recordó que la sedición no contempla la violencia pero sí el uso de la fuerza, destacó las “concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización”, preparadas para “impedir la aplicación de la ley”. Por ello considera que “se dan todos los elementos del delito de sedición”.