MIEMBROS DE LA MANADA VUELVEN A FIRMAR EN EL JUZGADO DE SEVILLA
Antonio Manuel Guerrero Escudero, ‘el Guardia Civil’, es uno de los cinco integrantes de ‘La Manada’. / EFE
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La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra desestimó ayer los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, la acusación particular, que representa a la víctima, y las acusaciones populares —Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona— contra el auto del 21 de junio en el que se decretaba la libertad provisional de los cinco miembros de ‘La Manada’, condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento a una joven el 7 de julio de 2016 en Pamplona.

La Sala indicó en esta resolución que la decisión conocida el auto del 21 de junio es “firme” y contra él no cabe recurso alguno. Este auto vuelve a contar con el voto particular del presidente de la Sala, que muestra su “discrepancia” con respecto a que la prisión provisional pueda ser eludida mediante fianza y aboga por la prórroga de la prisión provisional sin fianza hasta la mitad de la pena impuesto, es decir, cuatro años y seis meses de prisión.

En cuanto a la situación del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que acudió a una oficina del DNI en Sevilla para intentar obtener el pasaporte, la Sala indica que será objeto de la debida resolución en un auto independiente.

En la resolución del 21 de junio, la Sala, con mayoría de dos magistrados a uno, decretó la libertad provisional de ‘La Manada’ basada en que no apreciaban riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido “notablemente” en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva.

Según la Sala, los recursos de súplica planteados deben ser desestimados de conformidad con “los razonamientos jurídicos expuestos en el auto impugnado” que a su juicio “no han sido desvirtuados por las alegaciones de los recurrentes”.

En primer lugar, señala que todos los recursos “omiten la debida consideración, y consecuencias que de ello deben extraerse, de la reiterada doctrina constitucional de aplicación al caso” y que ya, dice, recogió en el auto recurrido.

Prisión provisional

Expone que “dichos procesados estaban próximos a cumplir los dos años de prisión provisional, pretendiéndose por las acusaciones agravar aún más esta situación de privación de libertad sin sentencia firme, prolongándola hasta la mitad de la pena impuesta”.

Añaden los magistrados que “se nos exige que hagamos un pronóstico, un juicio sobre ‘hechos inciertos e imposibles de predecir’, ‘futuribles’, como son el riesgo de fuga o de reiteración delictiva, y para poder afirmarlos como tales no basta con que ‘pudieran resultar plausibles’, sino que, por las propias exigencias del derecho a la presunción de inocencia y de la preeminencia del derecho a la libertad, deben existir buenas y poderosas razones”.

Continúan los jueces explicando que no pueden obviar “de un lado, que la ausencia de tales riesgos comporta un hecho negativo, de imposible prueba por sí mismo, y, de otro, que la única garantía de acierto, en cuanto que siempre resultará ‘incomprobable’, pasa por la afirmación de su existencia y consiguiente mantenimiento de la prisión, de modo que la única forma de no incurrir nunca en error a este respecto es afirmar que siempre es posible que el condenado huya de la acción de la justicia o incurra en reiteración delictiva”.

Según recogen en el auto, “precisamente para no incurrir en esta especie de tautología, contraria a los principios ‘favor libertatis’ e ‘in dubio pro reo’, no es esa garantía de acierto.

FuenteEuropa Press
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