Los medicamentos genéricos suponen el 22% de gasto en España.
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propuso reformar el copago farmacéutico para que se eliminen las diferencias actuales entre trabajadores y pensionistas con similares ingresos y que el paciente pueda elegir entre un medicamento con receta de marca o genérico.

Así se recoge en un documento elaborado por esta institución, que estudió los medicamentos dispensados a través de receta médica, en el que señala que hay áreas de mejora en el actual sistema para hacer más eficiente el gasto farmacéutico, que actualmente se sitúa en 70.000 millones de euros, un 15 % del gasto público total.

Otra de las medidas que propone AIReF es la implantación de un modelo de compra de medicamentos a escala nacional similar al sistema de la subasta andaluza, con el que se fomentaría, a su juicio, la competencia dando cabida a más proveedores.

Según la institución, una gestión más eficiente podría “liberar” entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año, lo que acercaría el gasto farmacéutico de España (0,98 % del PIB) a la media de países de la OCDE (0,8 %).

Otra propuesta que plantea es el establecimiento de un nuevo modelo para la toma de decisiones de financiación y fijación de precios de los medicamentos que de una mayor peso a las comunidades en la toma de decisiones en la determinación de cuáles se financian y a qué precio.

elección

Otra de las reformas del copago que plantea va dirigida a que el paciente pueda elegir por un fármaco de marca que tenga un precio de referencia más alto que el genérico. Si opta por ello, tendría que abonar la diferencia frente a lo que financia el Sistema Nacional de Salud.

Los medicamentos genéricos representan el 43 % del consumo total de fármacos financiados y suponen un 22 % de gasto, 13 puntos por debajo de países como Alemania y Reino Unido.

Un sistema de selección de medicamentos tipo subasta andaluza con un precio uniforme y una única puja por postor que se implantaría a distintas velocidades es otra de las medidas propuestas.

Además, plantea homogeneizar las pautas de prescripción para acabar con la “alta heterogeneidad” existente entre las comunidades autónomas mediante la introducción de una guía de buenas prácticas que permitiría ahorrar 69 millones de euros en 2020, 168 millones en 2021 y 229 en 2022.

La AIReF es consciente de que muchas de las medidas requieren cambios legislativos y algunas de las que están orientadas a la transformación del sistema son a largo plazo por lo que no se pueden cuantificar.