Caza a los autores de los incendios forestales. Ese es el objetivo que se plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con el anunció ayer en Santiago de Compostela de que el Consejo de Ministros aprobará este mes, para que inicie su tramitación parlamentaria en septiembre, el anteproyecto para la reforma del Código Penal con la que prevé endurecer las penas a los culpables de delitos de incendios forestales y exigirles responsabilidad patrimonial por el daño causado.
El titular ministerial explicó que la propuesta contempla que la pena máxima a imponer en los delitos por incendios de especial gravedad podrá alcanzar los seis años de prisión, frente a los cinco que contempla actualmente, lo que conllevará, además, un endurecimiento de la situación privativa de libertad mientras el instructor tramite el procedimiento.
Entre las novedades, se incorporan como nuevas circunstancias agravantes que el fuego afecte a zonas próximas a núcleos de población, que dañe espacios de especial protección o que se provoque en un momento en el que las condiciones del clima o del terreno aumenten «de forma relevante el riesgo de propagación».
El anuncio de Gallardón fue realizado en Santiago de Compostela, tras reunirse con el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien avanzó que la reforma podría aplicarse «en febrero o marzo» de 2013. Feijóo también celebró que «por fin» se ha logrado encontrar «un Gobierno que entienda sus demandas» y subrayó que esta modificación dificultará a los incendiarios «que sigan actuando de forma impune».
«Al igual que todo el mundo coincide en que quien contamina, paga, el que quema, debe pagar», sentenció el presidente regional, quien elevó a «fundamental» que los autores de fuegos «sean castigados no solo con penas privativas de libertad, sino también con su patrimonio y con sus bienes».
Para justificar el endurecimiento de las penas, Gallardón citó una serie de datos relativos a la última década -con un total de 170.000 incendios y más de 1,1 millones de hectáreas calcinadas en todo el territorio español- y remarcó que «entre el 73 y el 80 por ciento» de los mismos fueron «provocados por la mano del hombre». En 2010, añadió que se iniciaron 1.780 procedimientos relacionados con incendios y «solo se dictaron 96 sentencias condenatorias».
El fuego ha arrasado en los seis primeros meses del año un total de 54.743 hectáreas, un 45,95 por ciento más de superficie quemada que en el mismo periodo de 2011.
El Ejecutivo debate la nueva ley de Costas.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, trasladó ayer a los grupos ecologistas que «lo más probable» es que el anteproyecto de la Ley de Costas se debata en el Consejo de Ministros de este viernes.
Según adelantó Arias Cañete, esta reforma «profunda» de la actual normativa pretende «armonizar» el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales del país. Durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el dirigente añadió que «es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental». En este sentido, el titular ministerial afirmó que las conclusiones del informe encargado por el Gobierno sobre las implicaciones económicas de derribar Algarrobico (Almería) «se espera para el próximo otoño».