Imagen de archivo de la mezquita-catedral de Córdoba.
Imagen de archivo de la mezquita-catedral de Córdoba. / Europa Press
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El Ministerio de Justicia “está procesando los datos para la realización del listado” de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y “se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos”.

Así lo aseguró el Gobierno en una respuesta escrita dirigida al diputado del PSOE Antonio Hurtado, quien considera que ese lista “va a ser un punto de partida muy importante” para que se puedan iniciar las reclamaciones por parte de particulares e instituciones. “Se han inmatriculado bienes de dominio público que pertenecen a la colectividad y son de uso y servicio público”, apuntó en declaraciones a los medios de comunicación.

Una reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1988 por parte del Gobierno de José María Aznar otorgaba la potestad a la Iglesia Católica de acreditar la propiedad de templos o lugares de culto. A juicio del parlamentario del PSOE, esta modificación permitió a la Iglesia católica inmatricular bienes de dominio público “sin necesidad de acreditar su propiedad” ya que “se le dio un perfil de institución pública a una institución privada que es la Iglesia”.

“Voluntariamente”

Ante este escenario, Hurtado apuntó hacia la posibilidad de que la Iglesia “reconsidere el uso que ha hecho de ese cambio normativo” y “de forma voluntaria renuncie” a estos bienes. Según explicó, esta es la alternativa a la vía judicial que, según ha vaticinado, “será un conflicto largo” pero que “habrá que poner en marcha para recuperar los bienes que han sido apropiados de forma indebida”.

En este sentido, recordó que ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avisan de que “ese cambio normativo no está acorde a la normativa europea ni a la Convención de Derechos Humanos” y “dan la razón” a los particulares que reclaman a la Iglesias los bienes que poseen.

Hurtado destacó que el Gobierno al acceder a la elaboración y publicación del listado “se compromete a hacer efectivo un acuerdo del Congreso”, ya que en abril de 2017 se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso una iniciativa que reclamaba esa lista al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

“Si (el Gobierno de Mariano Rajoy) la tenía, la tenía en el fondo de un cajón”, sentenció el parlamentario del PSOE, que lamentó que el Ejecutivo del PP “se limitase a pedir al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones”.

Asimismo, hizo hincapié en que el anterior Gobierno español “nunca se comprometió a hacerla pública”, por lo que agradeció esa intención del nuevo Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. “Lo que conocemos puede ser que sea la punta de un iceberg y que sean más propiedades de las que se pueden estimar”, auguró el diputado Antonio Hurtado.