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El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras se presentó ante el Tribunal Supremo como “un preso político” que va ser juzgado en “un juicio político. Asimismo, negó todas las acusaciones que pesan contra él en el juicio por el proceso independentista y llegó a afirmar que las acusaciones “retuercen la argumentación y no se sustentan”, aseverando que “nada de lo que han hecho es delito”, porque “votar no es delito, pero sí impedirlo por la fuerza”.

El político independentista hizo un alegato en defensa del derecho de autodeterminación y cuestionó las resoluciones del Tribunal Constitucional, al que llegó a calificar como “elemento censor”.

Algo nervioso, levantando la voz en ocasiones, gesticulando mucho y con respuestas perfectamente preparadas, Junqueras respondió así, en castellano, a las preguntas de su abogado, ya que se acogió a su derecho a no declarar a la Fiscalía y al resto de acusaciones alegando que se debe a sus votantes.

“Amo a españa”

“Las acusaciones retuercen la argumentación. Nada de lo que hemos hecho es delito. Votar en un referéndum no es delito. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ninguno. Las acusaciones dirán lo que crean más oportuno, pero estoy absolutamente en desacuerdo. Es una argumentación forzada, no se sustenta”, subrayó Junqueras.

Más adelante, en otra pregunta de su abogado, el exvicepresidente insistió en esta idea y fue más allá: “Votar no es delito; impedir por la fuerza que la gente vote, sí. Votar no es delito porque no está en el Código Penal. Estamos convencidos de que las urnas son un elementos imprescindible en asuntos políticos”, argumentó, apuntando después que esta es la razón por la que en la consulta del 9 de noviembre de 2014 “a nadie se le ocurrió impedirla por la fuerza, afortunadamente, pero que sucedió desgraciadamente el 1-O”.

El Ministerio Público acusa a Junqueras de rebelión y malversación de caudales públicos y solicita 25 años de prisión para él. La acusación popular que ejerce Vox sube la petición hasta 74 años de cárcel al incluir también el delito de organización criminal. La Abogacía del Estado, por su parte, sólo acusa de sedición y malversación y reclama 12 años de prisión.

“Amo a España y a las gentes de España, claro que sí. Lo he dicho muchas veces porque es de verdad”, dijo, para después destacar que está “convencido” de que “el mejor modo de garantizar la convivencia es un reconocimiento entre iguales que sea fruto de la voluntad democrática de los ciudadanos”. “Y si perdemos, lo respetaremos, como siempre”, afirmó.