Jueza cree que el dueño de la finca cometió un homicidio por imprudencia

En el auto afirma que David Serrano sabía, el día del suceso de la muerte de Julen, que el pozo se encontraba al descubierto y sin estar protegido con medidas de seguridad

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Llegada a los juzgados de David Serrano, dueño de la finca.
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La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que instruye el caso de la muerte del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo de gran profundidad y cuyo cuerpo fue rescatado 13 días después, considera que el dueño de la finca de Totalán (Málaga) cometió presuntamente un delito de homicidio por imprudencia grave.

Así se indica en un auto, en el que se dispone que sigan las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado, apuntando que David Serrano, propietario de la parcela, pudo cometer un delito de homicidio por imprudencia grave ya que el día de los hechos, el 13 de enero de 2019, “era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad”.

Según el documento, “se derivan indicios racionales de cómo el pozo por el que cayó Julen no estaba tapado ni protegido con las suficientes medidas de seguridad” cuando sucedieron los hechos.

Además, se indica que las obras llevadas a cabo en la finca para la ejecución de las perforaciones y zanja “carecían de cualquier tipo de autorización exigible para la ejecución de las obras realizadas sobre el terreno”.

De igual modo, en el auto se precisa que el dueño de la finca “no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno, principalmente en el pozo realizado”. Tampoco quedó justificado, prosigue el documento, que el investigado “alertara ni advirtiera de la existencia concreta del mismo cuya visualización, además, era difícil”.

Los hechos, según el auto, revisten, inicialmente, los caracteres de un delito de homicidio impudente, por imprudencia grave previsto y penado en el artículo 142.1 Código Civil.

La jueza de instrucción de este caso añade que se dé traslado del auto a las partes, que tienen diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o pedir el sobreseimiento de la causa.

único investigado

El único investigado en este procedimiento es David Serrano, el dueño de la finca donde se encuentra el pozo en el que cayó el pequeño, al que inicialmente se le achaca un presunto delito de homicidio imprudente.

El informe definitivo de autopsia realizado por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga señaló que el niño murió por la caída en el pozo, a los pocos minutos tras la precipitación, y apuntó a que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierda.

Cabe recordar también que la Junta de Andalucía remitió al juzgado que lleva el caso por la muerte de Julen un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento. Así lo aseguraron fuentes judiciales, que apuntaron que esto da opción a la Administración andaluza a reclamar el coste derivado del rescate, aunque esto es algo que aún no han concretado.

La Fiscalía de Málaga instó a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga a que hiciese un ofrecimiento de acciones a la Junta por los gastos generados en el rescate. La jueza remitió dicho ofrecimiento y la respuesta del Gobierno andaluz fue personarse en la causa.

De esta manera, se cifró en 687.749,51 euros el coste de todas las actuaciones que se hicieron para rescatar a Julen. Se trató de una verdadera obra de ingeniería civil en un contexto de emergencia, con unas condiciones muy adversas en cuanto a las dificultades del terreno.