El exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla a su llegada ayer a la Audiencia Nacional .
El exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla a su llegada ayer a la Audiencia Nacional . / EFE
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El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia rechazó ayer el careo entre el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, informaron fuentes jurídicas.
El abogado de Álvaro Pérez, Javier Vasallo, hizo esta solicitud en vista a la “contradicción” existentes en las declaraciones de ambos acusados en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. “Es una prueba pertinente, útil y necesario”, dijo el letrado, quien comunicó que también formuló la petición a través del sistema de comunicaciones LexNet.

El juez, que esperó a conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción antes de tomar una decisión, acordó no aceptar esta petición al no apreciar las “contradicciones” que alegaba el abogado de ‘El Bigotes’. Las mismas fuentes apuntaron a que el titular del Juzgado Central de lo Penal considera que la prueba es improcedente porque el abogado de Pérez podía haber preguntado a Rambla por todas las cuestiones que ahora pretende plantear.
De este modo, asumió los argumentos que expuso la defensa de Rambla, Carlos Gómez-Taylor, en la que interesado que se desestimases esta prueba. El abogado afirmó que esta diligencia sería “más propia de la instrucción” por lo que no encuentra su pertinencia a que se realice durante el juicio oral.

Colaboración

Recalcado que su cliente sí que contestó este miércoles a todas las preguntas que hicieron las acusaciones y defensas, “incluso a la de Pérez”, algo que no ocurrió durante la declaración de ‘El Bigotes’.
“Si algún extremo quedaba por aclarar, lo podía haber hecho a través de su letrado”, añadió Gómez-Taylor. A esta argumentación se han adherido tanto el abogado del ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, como el abogado del Estado, Edmundo Bal.
Sin embargo, las defensas del ‘número dos’ de la red corrupta, Pablo Crespo, y del exsecretario general del PP de la Comunidad Valencina Ricardo Costa y la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano se han adherido a la petición de Vasallo para que se produzca el careo.

Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, que se enfrenta a 27 años de prisión, aseguró el pasado viernes 19 de enero que la persona que estableció el sistema de financiación ilegal en el PP valenciano fue Francisco Camps. Aseguró que era la persona que decidió que la empresa vinculada con la trama Gürtel Orange Market girase facturas falsas a “determinados empresarios” para cobrar los actos electorales en las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 que realizó.

Otras declaraciones

Esta declaración fue corroborada este miércoles por el propio Costa (para el que Fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel), quien confesó que la formación política regional se financió con “dinero en negro” por orden de Costa y del exvicepresidente de la Comunidad Valenciana y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Es más, precisó que una vez mandó a Pérez a que acudiese a la Vicepresidencia del Gobierno regional, dirigida entonces por Rambla, para recoger dinero que tenía el partido disponible para saldar parte de su deuda con la mercantil.

Por su parte, la exgerente del PP de la Comunidad Valenciana Cristina Ibáñez aseguró, en su declaración en el mismo juicio, que en el PP de la Comunidad Valenciana no existía un sistema de financiación ilegal y que tampoco tenía constancia de que se funcionase de forma irregular. “Si alguien lo montó no fui yo”, añadió.

Ibáñez, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental, recalcó que ella no participó ni en las campañas electorales municipales de 2007 ni en las generales del año 2008, pero sí que reconoció ante al juez que “es cierto” que le dieron “dinero en efectivo”, guardado en sobre, y que después lo ingresó en una cuenta bancaria.