Imagen de archivo del exconseller Germà Gordó, que está siendo investigado.
Imagen de archivo del exconseller Germà Gordó, que está siendo investigado. / E. P.
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El Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, en Tarragona, acordadó inhibirse a los juzgado centrales de instrucción de la Audiencia Nacional de la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública.

Esta inhibición responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción por entender que la competencia corresponde a dicho órgano judicial, dados los delitos que se investigan y el ámbito territorial donde se cometieron, informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El juzgado investiga al exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó, y a dos extesoreros de CDC, así como a varios empresarios, por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.

Ahora la Audiencia Nacional deberá pronunciarse respecto a la inhibición y decidir si asume la causa, y en el caso de rechazarla, se puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.

En el auto recogido, el juez Josep Bosch asegura que comparte los argumentos de la Fiscalía para considerar que la competencia del caso debe asumirla la Audiencia Nacional, debido al grave perjuicio para la economía nacional de este caso por la “generalización de la manipulación de concursos públicos”, la complejidad de la causa y que hay algunos investigados que presuntamente realizaron operaciones económicas en el extranjero.

Obras por 218 millones

Concretamente, sobre el perjuicio causado a la economía nacional, el juez destaca que el presupuesto agregado de las licitaciones de obras y servicios públicos bajo investigación alcanzan los 218 millones de euros y las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC se elevaron a 10,3 millones.

“La existencia de este tipo de prácticas colusorias de la concurrencia de candidatos a la contratación pública supondría un grave perjuicio para la economía nacional”, argumenta el auto.

Según el juez, la investigación ha destapado una “posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político”, como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Barcelona) Torredembarra (Tarragona), Figueres, Olot, Lloret de Mar (Girona), Infraestructures de la Generalitat, Autoritat Portuària de Barcelona y el Consorci d’Educació de Barcelona.

Además, el juez considera que otro criterio que justificaría enviar el caso a la Audiencia Nacional es la probable comisión en el extranjero de ilícitos penales de algunos de los investigados como los empresarios Jordi Soler, Jordi Sumarroca, Sergio Lerma y Francesc Xavier Tauler, ya que en un informe de la Guardia Civil se constata su “conocimiento y voluntad de utilización de jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación”.

“Se han podido apreciar operaciones que reúnen todos los requisitos para permanecer opacas fiscalmente, por la utilización de cuentas por no residentes en las jurisdicciones de Andorra, Suiza y Panamá”, y la contratación de fondos de inversión domiciliados en las Islas Vírgenes Británicas y otras inversiones en Perú.

Andreu Viloca presuntamente jugó “un papel esencial” como tesorero y administrador de CDC y de sus fundaciones, llevando un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, además de gestionar el pago de las donaciones a las fundaciones Catdem y Fòrum.

Para sostener esta afirmación, el juez cita la documentación intervenida a Viloca (a quien le aprehendieron papeles en una trituradora y una agenda, entre otros) y la constatación de reuniones con empresarios y “el pago de las mentadas donaciones en la inminente cercanía de la adjudicación”, entre las que están las empresas Copisa, Rogasa, Oproler y Teyco.El juez relata que la investigación arrancó mediante una denuncia de la Fiscalía de Tarragona por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra por el cobro de comisiones por parte del exalcalde Daniel Masagué, de la empresa Teyco.
Para profundizar en la investigación, en julio de 2015 se ordenaron nuevos registros y se localizó un documento en el que se relacionaban obras en varios ayuntamientos con donaciones a fundaciones de CDC.