Imputan en el caso de los ERE a un ex consejero de Empleo de la Junta

Antonio Fernández, que estuvo en el cargo de 2006 a 2010, niega cualquier tipo de culpa

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Como si de un tsunami se tratara, el escándalo de los ERE andaluces amenaza con sembrar el caos y la destrucción en la Junta. Así, la jueza que investiga las presuntas irregularidades, Mercedes Alaya, envió un burofax al ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, en el que le comunica su imputación. Éste subrayó que está «absolutamente tranquilo» porque su gestión entre los años 2004 y 2010 fue «transparente».

Asimismo, la magistrada instó al antiguo dirigente, que insistió en que no está citado a declarar «en ninguna fecha», a designar a un procurador y un abogado para personarse en estas diligencias. «Ni conocí, ni autoricé, ni aprobé ninguna de las cuestiones que están saliendo», recalcó Fernández, en referencia a la presunta trama.

En la actualidad, este político preside el consejo regulador de la denominación de origen del Jerez, y está prejubilado en un ERE de las bodegas jerezanas Gonzalez Byass.

Mientras, el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, que acuñó el término fondo de reptiles, compareció ante la Policía Judicial, a la que confesó el escándalo hace un mes. Imputado en la causa, se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, toda vez que fue obra suya el acuerdo firmado entre su departamento y el Instituto de Fomento para el libramiento de subvenciones al margen de la Ley General de Hacienda Pública.

Por otra parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció que su formación va a solicitar la comparecencia «urgente» de los distintos responsables durante los 10 últimos años de la Intervención General de Hacienda, para que expliquen tanto el procedimiento como el contenido de los informes realizados entre 2005 y 2007, «que advertían del procedimiento irregular que estaba siguiendo la Junta de Andalucía en la concesión de ayudas a empresas en crisis».

Pero para la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, en este país cuando alguien es llamado en diligencia previa se trata de una «garantía procesal». Así, subrayó que hay una diferencia «sustancial» entre el caso de Fernández y otros de gente que se ha «autoinculpado», y que incluso sin ser imputado, ha sido expulsado del partido antes de serlo porque reconoció «que se había aprovechado de lo público, y el PSOE no necesitó ni siquiera que se le llevara al banquillo». Sobre la posibilidad de tomar medidas en el partido contra Fernández una vez imputado formalmente, Díaz insistió en que «cuando lleguemos a ese puente, cruzaremos ese río».

Desde IU, el coordinador general en la región, Diego Valderas, consideró que si la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, decidió reconocer su responsabilidad en el turbio asunto de las prejubilaciones «solo le queda un camino, la dimisión», visto el «blindaje» que ha decidido adoptar el presidente José Antonio Griñán, que, curiosamente, fue el jefe de ésta en este mismo departamento cuando se produjeron los casos de corrupción.

En Ferraz quieren dar imagen de tranquilidad. Así, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, sostuvo que el PP «llega tarde», ya que fue la propia Junta la que llevó el caso a los tribunales «cuando tuvo sospechas».