Hallan un zulo de ETA en Francia que pone en entredicho su alto el fuego

El Gobierno confirma que el escondite es de reciente creación y descarta la posibilidad de que una comisión internacional certifique la tregua, ya que «no se dan las condiciones».

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ETA juega al despiste. Mientras el pasado domingo el diario Gara publicaba un segundo comunicado de la banda en el que anunciaba estar dispuesta a que una comisión internacional verificara su alto el fuego perramente, dos terroristas eran sorprendidos por dos cazadores galos en el Departamento francés de Gard, entre Avignon y Nimes -cerca de la Costa Azul- manipulando armas y material explosivo.

En el depósito, que según confirmaron fuentes de Interior era de reciente creación, había tres bidones de 100 litros de capacidad cada uno y en su interior se han encontrado 29 armas cortas procedentes del robo de Vauvert, perpetrado por ETA en octubre de 2006, en pleno proceso de negociación con el Gobierno. Además, en el escondite los terroristas guardaban cargadores, munición y gran cantidad de productos químicos.

Los dos presuntos etarras estaban trabajando en el lugar hasta que fueron sorprendidos por dos cazadores y, tras verse descubiertos, se dieron a la fuga.

Este zulo no estaba controlado por las fuerzas de seguridad y su hallazgo se produjo el mismo día en el que el diario Gara publicaba un nuevo comunicado de los terroristas en el que concretaban que hace seis meses ya habían tomado la decisión de poner fin a sus acciones armadas ofensivas y en el que se mostraban dispuestos a estudiar con los mediadores internacionales los compromisos de la Declaración de Bruselas en la que se le solicita un alto el fuego permanente y verificable. Un truculento juego a dos bandas que deja bien a las claras cuál es la verdadera intención de ETA y que pone en tela de juicio su nueva y poco creíble tregua.

Por otro lado, las consecuencias del último comunicado de la banda se siguen produciendo. El Gobierno consideró ayer que no se dan en absoluto las condiciones para crear una comisión internacional que verifique el cese de los atentados por parte de la banda terrorista -como así se había estipulado en la Declaración de Bruselas del pasado 29 de marzo- y, si es necesario, lo transmitirá de modo discreto a las personalidades que pudieran avalar el último intento de los asesinos, según señalaron fuentes oficiales.

Y es que el último paso de los etarras «no significa nada nuevo», según indicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega: «No cabe nada, no hay ningún atajo, y no hay nada que comentar». De hecho, «tiene que haber un fin definitivo, y total, claro y contundente» de la violencia.

Así, dado que ETA no ha anunciado el abandono total de las armas, el Gobierno no se plantea siquiera conceder ningún papel a comisión internacional alguna.

También ETA recibió palos de un sector que, hasta no hace mucho, caminaba con ella en paralelo. Así, el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, pidió a la banda que «deje de emplear oscuras frases y ambigüedades porque debe hablar con claridad y decir que el tiempo de la violencia se ha agotado».

La contundencia también se empleó en la Lehendakaritza. Así, Patxi López y el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, coincidieron en la necesidad de «mantener la política de firmeza y tolerancia cero» con ETA y su entorno. El popular volvió a pedirle que no cayera en «las trampas».

Mayor Oreja insiste en que hay diálogo.- El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, aseguró ayer que el último comunicado de ETA y «la reacción inmediata» de los mediadores internacionales «confirma la existencia de un proceso de negociación». Así, recalcó que es «impensable e imposible de creer» que el Ejecutivo central esté al margen de este proceso. A su entender, el «silencio» del Gobierno ante el anuncio de los mediadores pidiendo una comisión para verificar el alto el fuego «es absolutamente inequívoco» y «lo explica todo».

«En cualquier circunstancia se hubiese descalificado desde Moncloa esa asunción y ese papel de Brian Currin y otros expertos en negociaciones de paz. Solamente si los mediadores internacionales actúan de acuerdo con el Gobierno se interpreta o se comprende el silencio del Ejecutivo», sostuvo el ex ministro del Interior.

El ‘Estado policial’ de Cospedal.- La secretaria general del PP reitera su denuncia de que el Ministerio del Interior usa la Policía Judicial para su provecho propio y para perjudicar a su partido con las filtraciones.

La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, comentó ayer que «el uso de la Policía judicial» por parte del Ministerio del Interior, así como las filtraciones que se producen según los intereses del Gobierno, prueban la existencia en España de un Estado policial.

De este modo valoró la número dos de la formación conservadora la noticia según la cual el comisario Juan Antonio González, «un mando político de Interior nombrado» por su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, supervisará las investigaciones judiciales a cargos políticos.

Esta información, al igual que las «filtraciones» a medios de comunicación de «informes policiales que son secretos dependiendo de los intereses del Ejecutivo», certifican que en esta cartera se llevan a cabo prácticas «propias de un Estado policial».

Por todo ello, y habida cuenta de la «trayectoria política» del comisario González -a quien el PP censuró en el caso de la supuesta jornada de cacería del ex ministro Mariano Fernández Bermejo con el juez Garzón y el mismo González-, los populares pedirán explicaciones en sede parlamentaria al propio Rubalcaba y al titular de Justicia, Francisco Caamaño.

Tal y como subrayó la líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, el grupo popular preguntará a Rubalcaba por qué las investigaciones a cargos públicos «requieren un enfoque especializado» por parte de «un mando político de Interior».

Asimismo, la secretaria general del PP se preguntó, en este sentido, si esa necesidad de particularización obedece a un «interés por filtrar sumarios a los medios y a un interés por marcar los tiempos» de los procesos judiciales. Por esta misma razón, pedirá la comparecencia de Rubalcaba en el Congreso. «Es el juez y los jueces, imparciales e independientes, los que tienen que dirigir las investigaciones», apostilló.