Francisco Granados llegando a la Audiencia Nacional para declarar de manera voluntaria.
Francisco Granados llegando a la Audiencia Nacional para declarar de manera voluntaria. / EFE
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El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados aseguró el lunes, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien “destapó” la trama Gürtel y que pidió a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que “lo parara”.

Durante su declaración voluntaria, en el marco de la causa de Púnica, el exdirigente madrileño relató al juez un ejemplo con el que cree, se pueden explicar las cuestiones que han ocurrido después con la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y el papel de Esperanza Aguirre y del expresidente madrileño Ignacio González.

Sin saber detallar bien si fue en 2007 o 2008, Granados contó que Rajoy llamó a Aguirre para decirle que “ha habido una persona que se ha quejado al partido de que va a salir a concurso dos parcelas, una en Majadahonda y otra en Arganda del Rey” y este empresario “se queja porque las dos parcelas están adjudicadas previamente” al concurso.
“Rajoy la llama para decirle que le ha llegado esta información y le pide que lo investigue y que lo pare”, explicó Granados, que apuntó que la parcela de Arganda es la que forma parte de la trama Gürtel. “Por eso, cuando (Aguirre) dice que ella destapó Gürtel, no, Gürtel lo destapó Mariano Rajoy, que le dice (a usted, Aguirre) que lo parara”.

“El que dice que se va a producir una irregularidad es Rajoy”, insistió Granados, quien explicó que después de una reunión con el propio Rajoy, Aguirre le contó la conversación, incluso, que le dijo Rajoy que se fiara más de ese del “pueblo de Valdemoro” y no de su vicepresidente, “que es un sinvergüenza”, en alusión a González. Granados reconoce que esta expresión, por su “ego”, no le sentó bien.

Granados prosigue explicando que al día siguiente Aguirre reunió a González y a él en la Asamblea de Madrid, donde le cuenta a los dos lo que ocurre y les “comisiona”, a Granados, para parar la parcela de Majadahonda y a González, la de Arganda. “Mi cometido que era parar la parcela acaba con la dimisión del alcalde, Guillermo Ortega, y otros dos concejales”, recuerdó, para añadir que se paró la adjudicación de la parcela, que finalmente salió a subasta.

En contraste con esto, explica que en Arganda del Rey se adjudicó “en los mismos términos que habían denunciado a Rajoy” y destaca que Ignacio González “no la paró poniendo la excusa de que había llegado tarde”. Se adjudicó “tal y como estaba previsto”, dijo.

Senador

Durante sus tres horas de declaración, Granados también relató cómo dejó de ser secretario general del PP de Madrid y acabó de senador. Aseguró que media hora antes del primer Comité Ejecutivo tras las elecciones generales que ganó Rajoy en 2011, Aguirre le comunicó que le cesaba.

“Me comunica que me cesa porque estando mis amigos de la séptima planta en el Gobierno no puedo seguir siendo secretario general”, dijo Granados, que reconoció que pidió que le dejaran dimitir antes, pero Aguirre no cedió y finalmente se usó la forma del cese.

En este punto, Granados aseguró que habló de su cese con Rajoy y que este le dijo que “estuviera tranquilo”. De hecho, recordó que ya en el tiempo que transcurrió entre que no le renovaron en el Gobierno regional (elecciones de mayo de 2011) y cuando aún no le han “echado” del partido, le había ofrecido ser senador, puesto que no quería porque “pensaba que había poco que trabajar”. “No quería y el me convenció para que aceptara ser senador, entre las elecciones autonómicas y las generales”, recordó.

Demanda de Cifuentes

Por otro lado, ayer mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó una querella criminal contra Francisco Granados por los delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral, tras las declaraciones del pasado lunes en la Audiencia Nacional, en el marco de la Operación Púnica, y donde insinuó que la dirigente madrileña sabía de la supuesta financiación irregular del partido.

Fuentes del Gobierno regional aseguran que la querella se presentó el jueves en el juzgado y que se fundamenta en la vulneración de los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, exigiéndose responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.

El escrito de querella pone de relieve que lo que se ha producido “no es tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria”. También serían calumnias, “al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad”, dice el escrito.