El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá. / europa press
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El Gobierno prevé subir entre el 10% y el 12% la base máxima de cotización de los salarios en el año 2019, con lo que prevé recaudar entre 1.000 y 1.100 millones adicionales para la financiación de las pensiones, lo que le permitiría cumplir sus previsiones de ingresos recogidas en el plan presupuestario y con su estimación de déficit del 1,8% el próximo año, según la AIReF.

Así lo desveló el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja para dar su valoración sobre el Plan Presupuestario 2019 del Gobierno, en el que detalló que el Ejecutivo les ha trasladado su intención de elevar entre un 10% y un 12% la base máxima de cotización.

En la actualidad la base máxima de cotización para un asalariados está situada en 3.803,70 euros, y la mínima en 858,6 euros, por lo que una subida del 10% elevaría la base máxima en 380,3 euros, hasta el entorno de 4.184 euros, mientras que si se eleva un 12%, supondría 456,4 euros más, hasta los 4.260 millones de euros.

Recaudación

Con esta medida, el Ejecutivo prevé recaudar entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales, según explicó Escrivá, lo que, según cálculos del organismo, permitiría elevar los ingresos para 2019 a una franja de entre 6.078 y 7.698 millones de euros.

Sin esta medida, no recogida en el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, la AIReF ve sobrestimados los ingresos previstos por el Ejecutivo, al calcular una recaudación de entre 5.078 y 6.598 millones de euros, frente a los 7.178 millones de euros que prevé el Gobierno.

Por el lado de los gastos, cree que las partidas recogidas en el plan presupuestario serán 300 millones más de lo previsto por el Gobierno (2.525 millones), por lo que se situarán en 2.886 millones, principalmente porque el organismo cree que habrá un impacto de 300 millones por la supresión del copago, mientras que el Ejecutivo no calcula efecto económico alguno.

Además, calculó que la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) prevista por el plan presupuestario, hasta 900 euros al mes, tendrá un impacto negativo de 40.000 puestos de trabajo en la creación de empleo y conllevará un impacto de una décima en el consumo y en el Producto Interior Bruto, si bien supondrá un aumento adicional de la renta disponible de 1.750 millones de euros.