La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante su reunión con el Ejecutivo catalán.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante su reunión con el Ejecutivo catalán. / Efe
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció ayer que el Gobierno activará todas las comisiones mixtas entre la Generalitat y el Estado que se prevén en el Estatut y lo hará para abordar cuestiones relativas a financiación, infraestructuras, inversiones y traspasos pendientes. Lo dijo en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se celebró ayer, la primera que se ha hecho en siete años y que ha durado casi tres horas y media.

Así, durante el mes de agosto el Gobierno se ha comprometido a activar la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros; la Comisión Mixta de Transferencias y Competencias y la Comisión Bilateral de Infraestructuras. En la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros, el Gobierno querrá insistir en que la Generalitat debe participar en órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y atenderá la demanda del Govern de que parte de su deuda a corto plazo pase a largo plazo.

En la Comisión Mixta de Transferencias y Competencias, el Gobierno estudiará el posible traspaso de temas relacionados con becas y ayudas a los estudios, mientras que en la Comisión Bilateral de Infraestructuras habrá tres prioridades: la estación de la Sagrera, Rodalies y el Corredor Mediterráneo.

Batet también asumió que el Gobierno central cumplirá con la disposición adicional tercera del Estatut, relativa a la inversión en infraestructuras: Asimismo, recordó que un gobierno socialista apoyó ese Estatut y aseguró que el Ejecutivo central está “comprometido con él”.

Aparte de estas comisiones, el Govern también activará dos subcomisiones dependientes de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado: la subcomisión de Colaboración y Cooperación y la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.

En el marco de la primera, el Gobierno central se mostró dispuesto a negociar los recursos que interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy contra leyes sociales catalanas para que puedan aplicarse en su plenitud, pero no se abordaron una por una en la reunión de ayer.
En resumen, el Gobierno y la Generalitat mantendrán el contacto los próximos meses a través de cuatro comisiones —la Bilateral; Asuntos Económicos; Transferencias e Infraestructuras— y de dos subcomisiones, y Batet concluyó: “El Gobierno está para defender el autogobierno, el Estado autonómico y el Estatut”.

“El Gobierno de España tiene un proyecto para Cataluña, tiene un proyecto para España con Cataluña dentro, un proyecto integrador”, resumió la ministra, que ha destacado que es la primera vez en siete años que se ha reunido la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.

Negociación

Batet señaló que las discrepancias se han producido cuando el Govern ha insistido en negociar un referéndum de independencia y argumentó: “No existe el derecho de autodeterminación”, ya que considera que solo se contempla para casos que no son aplicables a Cataluña. “No hay lugar para la discusión, nuestro marco constitucional no lo permite. Pensamos que no es un buen método ni un buen mecanismo para resolver el problema político de fondo”, zanjó Batet, que recordó que es la posición que siempre ha mantenido el Gobierno.

Batet explicó que el Gobierno central ha rechazado constituir un grupo de trabajo sobre el referéndum porque considera que “no hay mucho a investigar” y que la solución pasa por una reforma constitucional y del Estatut que, en estos casos sí, sean validadas a través de sendos referendos por los ciudadanos.

 

Sobre la situación de los presos soberanistas, Batet replicó a la Generalitat que escapa de las “competencias” del Gobierno central y que es una cuestión que están en los tribunales y que tiene que dirimir el poder judicial, no el ejecutivo. En el mismo capítulo de discrepancias, el Gobierno criticó a la Generalitat que el Parlament no esté teniendo un funcionamiento “normal”, ya que el próximo pleno no se celebrará hasta octubre, y le pidió que garantice la neutralidad del espacio público, en alusión velada a la presencia de simbología amarilla en Cataluña.