Garzón acusa a Bárcenas y Galeote de aceptar dos millones de Correa

El juez de la Audiencia remite todas las actuaciones al Tribunal Superior madrileño, que ha aceptado el sumario por encontrar indicios contra tres parlamentarios regionales del PP

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Como no podía ser de otro modo, la discutida actuación del juez Garzón como instructor del caso Gürtel se cerrará con estrépito. Sabedor de que tendrá que entregar todo el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado de la Audiencia Nacional gastó su último cartucho para intentar imputar al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote. A ambos les acusa de haber percibido cantidades millonarias de las empresas que dirigía el cabecilla de la presunta trama de tráfico de influencias, Francisco Correa.

Previamente, el TSJM había acordado aceptar la inhibición planteada por el togado, de modo que, a partir de ahora, será la instancia de la región central la encargada de instruir el sumario.

La decisión llegaba después de que quedaran ratificados los indicios delicitivos contra tres diputados regionales populares, y por tanto aforados. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, todos los cuales están acusados de cohecho y tráfico de influencias. Es decir, habrían facilitado concesiones y contratos públicos a cambio de sobornos.

Pese a que dicha terna circunscribe sus actuaciones al entorno capitalino, la existencia de implicados en Valencia -el presidente regional, Francisco Camps, y el diputado autonómico Ricardo Costa- llevó al tribunal a preguntar a la Fiscalía acerca de la posibilidad de que, finalmente, el caso acabe en manos del Supremo, puesto que, como ya ha sucedido en otras ocasiones, ésa es la instancia que debe juzgar los casos en los que hay aforados de varias regiones.

Más allá de los vericuetos jurisdiccionales, la resolución de la instancia madrileña relata que los informes de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción ponen de manifiesto que «la posible percepción por los tres diputados autonómicos madrileños de importantes cantidades de dinero, en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas» relacionadas con Correa.

Respecto de López Viejo, se dice que las declaraciones de alguno de los imputados por Garzón apuntan a que pudo aprovechar sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), «para favorecer a alguna de esas compañías», y que, en la documentación incautada, representativa de una contabilidad B, «parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona por individuos vinculados a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas». Muy similares son las imputaciones sobre Martín Vasco y Bosch, que, cuando era gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, «percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas de Correa».

Bastante más concretas son las acusaciones que realiza Garzón sobre Bárcenas y Galeote en el auto en que acuerda remitir la causa en su totalidad al tribunal madrileño, tal y como le reclamó horas antes tras constatar los indicios contra tres aforados del PP en la Asamblea de Madrid.

En el caso del tesorero de los populares, el juez cifra en 1.353.000 euros la cantidad percibida, mientras que el eurodiputado se habría llevado, «directa o indirectamente», 652.310 euros.

Según el togado, «la conducta presunta, pero concreta» de Bárcenas y Galeote se habría desarrollado «en el seno de la organización liderada por Francisco Correa, en la que aquellos estarían integrados y prestarían los servicios requeridos por éste, en función de su posición cualificada o estratégica en el partido político al que pertenecen».

Carreteras y mítines

A la hora de explicar las presuntas tropelías del tesorero del PP, Garzón asegura que Bárcenas disponía de un «archivo personal» en la contabilidad B de Correa, en la que se le identifica como L., L.B. o, en ocasiones, el cabrón. «La expresión el cabrón estaría acreditada por la declaración de uno de los imputados», según sostiene el magistrado antes de añadir que el acusado justificó el desagradable apelativo, «porque no les daba trabajo y les había quitado el que tenían».

Las primeras entregas de dinero se remontarían a finales de los años 90 y, según el juez, son operaciones que «se refieren a la campaña electoral en Galicia en 1998». En cuanto a otros trapicheos, Garzón habla de la «adjudicación amañada» de la carretera de Olleros de Alba, en León a la empresa Teconsa -de la que forma parte el imputado José Ramón Blanco Balín- por la Junta de Castilla y León por casi tres millones de euros. El magistrado añade que, durante el tiempo en que Bárcenas formó parte de la cúpula popular, «las empresas de Correa organizaron eventos para dicho partido a través de Special Events SL, llegando a ser la empresa que organizaba los actos del partido a nivel nacional».