La AP-1 Burgos-Armiñón será uno de los tramos que se beneficiará de las medidas del Gobierno.
La AP-1 Burgos-Armiñón será uno de los tramos que se beneficiará de las medidas del Gobierno. / europa press
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El Gobierno levantará el peaje de las tres autopistas cuyo plazo de concesión concluye este año y el que viene y que, por tanto, revierten al Estado, según anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. “Hemos decidido que se libere el peaje. Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y el Senado para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje”, aseguró Ábalos en una entrevista con el diario ‘El País’.

La decisión afectará a tres vías de pago. Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, la primera que, el próximo 30 de noviembre, alcanza el fin del plazo de concesión de cincuenta años con el que en su día se contrataron las vías, y de la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que vencen el próximo ejercicio, el 31 de diciembre del año 2019.

Concesiones

Estas dos autopistas son concesiones de Abertis, grupo sobre el que ACS y la italiana Atlantia acaban de concluir la OPA que lanzaron para hacerse con la compañía, actual primer grupo gestor de vías de pago en el país, mientras que la AP-1 actualmente es de Itínere.

Las tres vías suman 552 kilómetros de longitud, alrededor del 21% de la red total de 2.550 kilómetros de vías de pago del país, y cuentan con una media de 16.321 usuarios diarios en el caso de la AP-1 y de 16.814 y 15.824 conductores al día en cuanto a los dos tramos de la Tarragona-Alicante, el Tarragona-Valencia y el Valencia-Alicante, respectivamente. La AP-4 tiene unos 18.343 usuarios.

La supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las ‘arcas públicas’ sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país, según calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.

El coste que el Estado deberá afrontar al levantar las barreras de los peajes deriva de sumar el importe necesario para atender al mantenimiento y conservación de las vías, del que actualmente se encargan sus empresas concesionarias, y de lo que deja de ingresar por impuestos. Así lo detalló el presidente de Seopan, Julián Núñez.