Los acusados del ‘procés’ en la última sesión del juicio en el Supremo. / EFE
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La Fiscalía ratificó ayer en el juicio su acusación por rebelión contra los líderes independentistas y reclamó al tribunal que si son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el ‘procés’ fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).

Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que establece que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.

Cordón sanitario

Se trata de una cláusula de estilo que se suele poner habitualmente para que el juzgado de vigilancia penitenciaria no conceda el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, es decir, para que no aplique beneficios antes de tiempo.

La clave está en que serviría de cordón sanitario contra una hipotética intervención de la Generalitat para excarcelarlos de las prisiones de Cataluña, donde previsiblemente cumplirán la pena en caso de ser condenados, al tener competencias en materia penitenciaria.

Mantiene así los 25 años de prisión para Junqueras; 17 años para los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, estos son Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; mientras que para los otros tres exconsejeros —Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila— solicita siete años de prisión.

Se daba por hecho que la Fiscalía iba a apostar hasta el final por la rebelión, como así ha sido, y que la sedición no fue una figura penal que contemplarán los cuatro fiscales del caso, quienes entienden que el juicio, lejos de cuestionar sus tesis, lo que ha hecho no es sino corroborar su acusación contra la toda la cúpula del ‘procés’.
Tanto es así que para reforzar su acusación de rebelión, la Fiscalía ha añadido en su escrito la mención al clima “claramente insurreccional” que se vivió del 19 de septiembre al 27 de octubre.

Además, el Ministerio Público ha dado credibilidad a la versión de la Prefectura de Mossos al añadir en su escrito que, en su reunión con Carles Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn del 28 de septiembre de 2017, advirtieron al Govern de que “era altamente probable que se produjeran situaciones violentas” si “la enorme movilización de personas” se enfrentaba a los agentes y pidieron desconvocar el 1-O.

“Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1-O había violencia declararía la independencia”, señala el escrito.

Lo que también han hecho los fiscales es retirar del escrito de conclusiones definitivas las menciones a los cinco miembros de la Mesa del Parlament una vez que la Sala acordó que todos ellos serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.