El exconsejero de Empleo y viceconsejero del ramo (anteriormente), Antonio Fernández, junto a su abogado.
El exconsejero de Empleo y viceconsejero del ramo (anteriormente), Antonio Fernández, junto a su abogado. / E. P.
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El exconsejero de Empleo y exviceconsejero del ramo anteriormente Antonio Fernández ha señalado que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tenía “la suficiente libertad, responsabilidad y autonomía” para saber cómo hacer su trabajo en relación a la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas investigadas en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así lo expuso Fernández este martes, en la trigésima sesión de juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el se concedían las citadas ayudas. El exconsejero, para quien el Ministerio Público pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, afirmó, a preguntas del fiscal, que Guerrero no le consultó ni pidió el visto bueno para algunas ayudas o en lo referente a su cuantía, decisión de la Dirección General de Trabajo, asegurando que las cuantías de las mismas “las decidía Guerrero sobre la marcha”.

Durante su etapa al frente de la Consejería, a partir de 2004, Guerrero “trabajaba con absoluta libertad, responsabilidad y discrecionalidad” en la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas dadas en virtud del convenio marco de julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Consejería en base a las transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L que el departamento de Empleo hacia al ente instrumental. Mientras, el viceconsejero y el secretario general técnico “no intervenían” en la gestión de éstas, según Fernández.

En este sentido, aseguró que “nunca ha oído a José Antonio Viera (consejero de Empleo en su etapa como viceconsejero) dar instrucciones de cuánto” había que dar en ayudas “a quien”, así como “nunca he dado una orden a Guerrero para conceder una ayuda o subvención”, confesó.

Norma reguladora

Quien fuera viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004 y posteriormente consejero del ramo hasta marzo de 2010, como ya hiciera este lunes, precisó que la legislación para la gestión de las subvenciones y ayudas públicas se contempla en la Ley de Presupuestos y el decreto que recogía el reglamento de subvenciones y ayudas públicas, además de la supletoria Orden Ministerial de 1995 de ayudas extraordinarias, aunque admitió que no había una norma reguladora específica que reunía los requisitos como empresario o trabajador para ser beneficiario.

Fernández explicó que, entre los requisitos para recibir las ayudas sociolaborales, estaban ser un trabajador afectado por un procesión de reconversión y sin ocupación, con difícil reinserción en el mundo laboral o mayor de 55 años.

Sobre la intervención de las compañías aseguradoras en la gestión de las ayudas, Fernández señaló que en las ayudas públicas excepcionales e individuales, “visto el fracaso de las subvenciones anteriores no vinculadas a pólizas”, el beneficiario tenía que firmar su póliza con los otros trabajadores de la misma empresa afectados por el proceso de reconversión, “colectivizando el fondo”.

“La elección de la compañía era ajena a Empleo”, matizó, añadiendo que la Junta pagaba la ayuda al trabajador, quien cedía el derecho del cobro a la entidad aseguradora, que garantizaba el pago hasta la edad de la jubilación ordinaria, cuando ya cobrarían la prestación de la Seguridad Social.

Un total de 200 millones La ayuda al trabajador, según Fernández, recogía el dinero a percibir (entre 1.100 y 1.300 euros) y el coste de la cuota a la Seguridad Social, un 20%, lo que ha supuesto “unos 200 millones a la Seguridad Social en concepto de cuota por convenio especial”.

Fernández, que declaró que “nunca fue informado ni conoció que se dieran rentas vitalicias” con cargo al 31L, defendió las ayudas a ayuntamientos para ferias artesanales, como la dada a Chiclana de la Frontera (Cádiz) (siendo alcalde el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios), para hacerlas “viables” y por “interés público” y las enmarca dentro de las competencias en materia de comercio de la Consejería cuando era viceconsejero. Siendo consejero de Empleo, ya sin competencias en comercio, “no se dieron nuevas ayudas” en este ámbito.

Fernández insistió en que “no ojeaba los convenios particulares de ayudas, no lo estudiaba con intensidad, pues en 2001 mi actividad no era atender este programa”.

FuenteEuropa Press
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