El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, en la Audiencia de Sevilla por el juicio de los ERE
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, en la Audiencia de Sevilla por el juicio de los ERE / EFE
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La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la exclusión del exconsejero de Empleo José Antonio Viera dictada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares concedidos por la Junta, de las piezas separadas que investiga por las ayudas concedidas al Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) y de La Barca de la Florida (Cádiz).

Así lo acordó la Sección Séptima en sendos autos en los que desestima los recursos planteados por el Ministerio Fiscal contra las resoluciones dictadas en su día por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Igualmente, la Sección Séptima acordó confirmar la exclusión del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero de la pieza separada del Ayuntamiento de La Puebla del Río, de la que recientemente se acordó lo mismo con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Exclusiones

En dos autos con fecha de marzo de 2018, la Sección Séptima recuerda, como ya realizó en resoluciones anteriores de recursos del Ministerio Público contra exclusiones de ex altos cargos de la Junta investigados en las piezas y en el conocido como procedimiento específico, que “una de las reglas fundamentales del proceso penal es que su objeto viene constituido por hechos, y no por voluntades, intenciones o deseos”.

De otro lado, expone que el contenido de hechos de la pieza principal (procedimiento específico) quedó delimitado en la relación de hechos punibles del auto del juez de Instrucción Álvaro Martín de apertura de la fase intermedia del procedimiento abreviado, con el que todas las acusaciones se aquietaron y con base en el cual todas ellas, menos la Junta de Andalucía que pidió el sobreseimiento provisional de la causa, formularon acusación por los mismos hechos. “De esta forma el objeto de este proceso no puede ser otro que esos concretos hechos objeto de acusación”, reiteró.

En este sentido, añade que la razón de que este tribunal haya dictado variada resoluciones excluyendo a acusados en ese procedimiento específico como sujetos pasivos de procedimientos abiertos en piezas separadas, es consecuencia de la dimensión que las propias acusaciones en aquel proceso han querido dar a su contenido fáctico, esto es, a su objeto, de forma que lo que parecía que iba a tener por objeto “el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico con todas sus variantes” para “desgajar de esta pieza de procedimiento específico las consecuencias de su utilización en un periodo dilatado de tiempo” “se ha visto desbordado por la propia Fiscalía Anticorrupción (y las demás acusaciones que han formulado acusación y que nada han dicho en este recurso y otros similares) al acusar asimismo por delito continuado de malversación, esto es, por el uso de ese procedimiento”.

Para la Sección Séptima, “es del todo incomprensible que se espere que este tribunal permita, vulnerando la Constitución, que tales acusados vuelvan a ser investigados y enjuiciados separadamente por cada uno de los hechos contenidos en la acusación en la pieza principal”.

Apelación

Por esto, el tribunal considera que procede mantener la exclusión del procedimiento de Antonio Viera y de Francisco Javier Guerrero, desestimando sendos recursos de apelación de la Fiscalía.

En los autos, la Sección Séptima explica que los hechos objeto de esta pieza son los relativos a una ayuda concedida al Ayuntamiento de la Puebla del Río por la Dirección General de Trabajo de la Junta para financiar el material necesario para la formación a impartir relacionado con el Proyecto de Seguridad e Higiene de Prevención de Riesgos Laborales del Plan Integral de Empleo por importe de 78.130 euros que se abonaron el 23 de julio de 2003, en virtud de convenio de 28 de junio del mismo año al amparo del Convenio Marco de 17 de julio de 2001, con cargo a la partida presupuestaria 31L, siendo consejero de Empleo José Antonio Viera y director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El tribunal afirma, “con los debidos respetos”, que “carece de fundamento invocar como argumento a favor de la estimación del recurso autos dictados por este mismo tribunal permitiendo que otros imputados sean investigados en piezas separadas, puesto que se tratan de personas inicialmente imputadas en el ‘procedimiento específico’ respecto de quienes se permitió lo anterior al estimarse sus recursos de apelación contra el auto de apertura de fase intermedia y ser excluidos de esta causa matriz por no estimarse debidamente justificada su participación en la ideación de aquel procedimiento”.