ETA quiso asesinar a un edil del PSE como lo hizo con Miguel Ángel Blanco

La organización criminal llevaba vigilando al político, que era profesor de instituto y tenía una hija, durante más de dos meses, pero la presencia de escolta frustró sus planes.

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A solo 24 horas de que la Sala del 61 del Tribunal Supremo se reúna para ultimar la redacción del auto en el que declarará la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, ayer se supo que el comando Vizcaya de ETA pretendía secuestrar y asesinar -como lo hizo con Miguel Ángel Blanco- al concejal del PSE de Eibar -vecina localidad de Ermua- Benjamín Atutxa, según la confesión de su ex jefe, Arkaitz Goikoetxea, al juez Garzón, que fue grabada en vídeo por la Guardia Civil. Horas más tarde, el terrorista sostuvo que su testimonio fue realizado «bajo torturas».

La cinta, en la que el criminal admite que no hubo «posibilidades de hacerlo», se exhibió en el juicio a siete presuntos miembros y colaboradores de este grupo en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, y mostró cómo el terrorista conduce a los agentes del Instituto Armado a un zulo en la localidad riojana de Pazuengos, el 24 de julio de 2008.

«No sé si lo voy a poder encontrar. Es una pala verde con mango nuevo», explicó Goikoetxea al llegar al lugar donde la banda escondía abundante material tras recorrer en vehículos todoterreno una zona boscosa. Cubierto por 20 centímetros de tierra, se halló un bidón de plástico de 40 centímetros de diámetro tapado con una bolsa gris de basura. A su lado, una garrafa con amonitrato y sacos con otros materiales explosivos.

Durante casi dos horas, el magistrado, acompañado de la fiscal Dolores Delgado, interroga al detenido mientras los agentes vacían el escondite: una mochila, diversas bolsas con hasta 125 kilos de polvo de aluminio, nitrometano, nitrato amónico y pentrita. También se hallaron matrículas falsas, abundante munición de nueve milímetros, cordón detonante, detonadores, temporizadores y otras herramientas para la confección de artefactos explosivos, además de jeringuillas y ampollas de tranquilizantes.

«¿Y para qué era esto?», le pregunta Garzón. «Para tranquilizar», responde Goikoetxea, que, segundos más tarde, reconoce que el comando tenía previsto secuestrar al edil socialista en Eibar. Sobre la víctima, el etarra dice no recordar su nombre ni dónde vive: «Es profesor en un instituto y tiene una hija». Luego admite que el edil fue vigilado durante dos meses.

«¿Cuál era la idea?», continúa Garzón, a lo que el terrorista, sin dudarlo, responde: «Secuestrarle y ejecutarle» bajo las instrucciones del entonces jefe militar de la banda, Garikoitz Azpiazu, Txeroki. Sin embargo, «no había posibilidades de hacerlo» porque Atutxa tenía escolta. Asimismo, el acusado confiesa otras acciones del comando: contra las casas cuartel de la Guardia Civil de Durango -2007-, Calahorra -2008- y Legutiano (Álava), este último cometido el 14 de mayo de ese año y que costó la vida al agente Juan Manuel Piñuel.

Pese al macabro plan de la banda de capturar a otro Miguel Ángel Blanco, parece que los tiempos cambian, al menos para algunos, como el dirigente de la izquierda abertzale Txelui Moreno, que alabó el mensaje hecho público el pasado domingo por ETA, por ser «inteligente, maduro y responsable».

Por otra parte, la hipótesis de que la banda ha estado cobrando el impuesto revolucionario durante el alto el fuego adquiere una mayor fuerza, ya que el sobre que la presunta etarra Jone Lozano dejó abandonado en su coche cuando fue detenida hace una semana en Francia, portaba varios miles de euros más de los 48.000 que se divulgaron inicialmente.

Inquietante ‘vecino’ en las actas asesinas.- A Rubalcaba le crecen los enanos. Unas actas internas de los etarras en 2006, en las que se indica que el Gobierno le confesó el chivatazo, pueden significar su tumba política. De ser cierto, el escándalo Faisán puede llegar a ser mayúsculo. Y lo peor es que cabe la posibilidad nada remota de que el Gobierno le diera el chivatazo a ETA, ya que han trascendido unas actas de 2006 de la organización criminal en las que se da fe de cómo el Ejecutivo central -en una de sus reuniones- le indica a su interlocutor que les hicieron ese favor.

Lógicamente, desde Interior, y más concretamente su secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se puso ayer en duda la veracidad de este tipo de documentos, si bien convendría recordarle que, precisamente ese tipo de comunicaciones internas han servido de prueba para que más de un asesino haya dado con sus huesos en la cárcel. Sirva como ejemplo la carta de confesión que todo terrorista debe enviar a la banda una vez cumplido un encargo.

Desde las filas del PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que «ya es hora» de que el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé una «explicación verosímil» sobre el supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA, habida cuenta de que si no lo hace, los ciudadanos se quedarán solo con la versión que la organización ha dado de un asunto «tan grave».

«Las actas de la banda dicen lo que dicen», sentenció la vallisoletana, que hizo hincapié en que, hasta ahora, el brazo derecho de Zapatero «se ha negado reiteradamente» a ofrecer en la Cámara Baja la versión de Moncloa. Así, le pidió que no vuelva a recurrir a las «artimañas».

Por otra parte, uno de los tres policías imputados en la causa en la que el juez Ruz investiga el chivatazo reconoció, tras verse en las grabaciones realizadas el 4 de mayo de 2006 en el exterior del bar Faisán de Irún, su presencia allí en los momentos en los que se produjo el aviso. Se trata del inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros.