Las expectativas desbordadas ante la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián se quedaron ayer en nada. O casi, porque ETA, logísticamente más debilitada que nunca, ha visto cómo, desde el punto de vista político, sigue creciendo a pasos vertiginosos, estando más fuerte que nunca, y el conflicto -como así lo llama- ha sido tratado por figuras internacionales de renombre asociadas a los procesos contra la violencia.
Estas personalidades reclamaron a la banda que declare el «cese definitivo» de todas sus actuaciones terroristas, al tiempo que le instaron a que negocie con el Gobierno las «consecuencias del conflicto», una alusión a los presos y el desarme.
La cita, impulsada por Lokarri y otras cinco organizaciones internacionales dedicadas a fomentar la paz, concluyó con una esperada declaración, que fue leída por el exprimer ministro de Irlanda Bertie Ahern, uno de los artífices de la disolución -solo parcial- del IRA.
En este comunicado piden a la organización criminal que deje definitivamente su «actividad armada», pero, sorprendentemente, le atribuye el papel de negociar con los Ejecutivos español y francés las denominadas «consecuencias del conflicto», una terminología con la que habitualmente se alude a cuestiones relacionadas con los presos de la organización terrorista y con el desarme.
Curiosamente, pocas horas después de que se publicara la nota, los organizadores de este evento enviaron otra en la que aseguraban que la redacción de la misma correspondía en exclusiva a los observadores internacionales, y no a las partes que, a lo largo de la jornada, fueron desfilando por la sala Gandhi del Palacio de Aiete de la capital donostiarra.
Como se puede apreciar, los mediadores hicieron suyo el mensaje y la terminología utilizada durante muchos años por el mundo abertzale y por los etarras en todas y cada una de sus intervenciones. Solo cambiaron los actores.
Las que siguen igual, sin sustitutos, son las víctimas, que se negaron en rotundo a sentarse «con los que viven de humillarles». Eso sí, parte de ellas, representadas por Covite -el grupo que aglutina a los vascos que han sufrido la crueldad etarra-, entregaron a un miembro de la organización del evento 12 ejemplares del libro Vidas rotas, donde se cuentan las consecuencias que el tiro en la nuca, la bomba lapa o el secuestro tuvieron en más de un millar de personas, la mitad de ellas civiles.
Desde este colectivo se acusó al Gobierno de «mendigar» un comunicado de ETA «al precio que sea» ante las elecciones generales del 20 de noviembre. Mientras tanto, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, adelantó que convocará una manifestación en Madrid contra las «concesiones» del Ejecutivo.
Como ya se esperaba, en la polémica reunión de San Sebastián participaron representantes de todos los partidos políticos vascos, excepto el PP y UPyD, sindicatos e incluso la patronal Confebask, hasta sumar más de medio centenar de personas, que expresaron sus puntos de vista en las tres horas de cónclave.
Por otra parte, los facilitadores internacionales sugirieron a los partidos de Euskadi que discutan las cuestiones políticas, «con consulta a la ciudadanía» -el referéndum tan reclamado por ETA-, lo que podría «contribuir a una nueva era sin conflicto», al tiempo que se mostraron dispuestos a «organizar un comité de seguimiento de estas recomendaciones».
