«¿Es lo mismo un asesinato que 132?»

El Gobierno defiende ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la ‘doctrina Parot’ no debe ser objeto de derogación.

El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, defendió ayer ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo que la doctrina Parot aplicada a la etarra Inés del Río no viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no ha supuesto alargar su pena, preguntando si «¿es igual un asesinato que 132 asesinatos?» a la hora de calcular y aplicar los beneficios penitenciarios para un crimen que para múltiples. Se refería a los 24 muertes consumadas por la terrorista y a las 108 en grado de tentativa.

Ahora bien, la decisión final de la corte judicial tardará varios meses, y no llegará antes del verano.

El jurista Isaac Salama defendido ante los 17 jueces que el derecho nacional desde 1970 deja de forma «bien clara» que la redención de penas por trabajo es «exclusivamente» para permitir el «adelantamiento» de su puesta en libertad, recalcando que, en el caso de la presa, «no se ha prolongado ni un solo día la pena impuesta a la demandante» ni tampoco «el límite» de cumplimiento de la condena, de un máximo de 30 años.

Además, el abogado del Estado insistió en que si España hubiera aplicado de forma retroactiva la doctrina Parot a la miembro de ETA, habría tenido que cumplir el «máximo de 40 años» de pena que fija el actual Cógido Penal y no sobre los 30 que debe cumplir en virtud de la pena máxima fijada por el anterior Código de 1973, por lo que reclamó a los magistrados que «revoquen» la sentencia de la Tercera Sección del tribunal que el 10 de julio condenó a España por vulnerar los artículos 7 (no hay castigo sin ley) y 5 (derecho a libertad y seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tras la sesión, las víctimas del terrorismo salieron esperanzadas, gracias a la «gran actuación» que a su juicio tuvieron los abogados españoles.

«Venía muy negativa y sin ninguna ilusión», comentó Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, que calificó la intervención de Salama como «muy buena, muy firme, valiente y humana».

Frente a esta postura, la jefa del principal colectivo de víctimas apuntó que los defensores de la etarra tuvieron una pobre actuación con un discurso «muy flojo y sin mucho argumento». «Hoy se ha ganado la batalla, pero hay que ganar la guerra», reconoció.

Mientras, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aclaró que el Gobierno no tiene nada que ver en la aplicación de una posible derogación de la doctrina Parot, pero insistió en que aún hay margen para la «ingeniería jurídica» dentro de la libertad que cada tribunal tienen para interpretar ese fallo caso por caso.

Según explicó, «serían uno a uno los casos» en los que los afectados tendrían que recurrir ante el tribunal que le sentenció: «Es evidente que ahí existe margen para que dentro de la libertad de cada tribunal sentenciador determine cómo se interpreta y aplica la sentencia». «Tenemos fundamentos jurídicos muy sólidos para pensar que se nos va a dar la razón», apostilló.

Fernández Díaz quiso dejar claro que «son los tribunales españoles los que tienen que interpretar lo que diga Estrasburgo». Asimismo, se mostró muy confiado para cumplir su propósito por la presencia del español Luis López Guerra en la alta instancia comunitaria: «Confío en su sensibilidad».

No obstante, varias asociaciones de jueces nacionales explicaron que la sentencia que dictará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se referirá, teóricamente, a un caso muy concreto, pero en la práctica también sentará jurisprudencia.

FuenteAgencias  Madrid
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