Las fintas procesales se le están acabando al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ve cómo cada día está más cerca su inhabilitación provisional como titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco. El último revés lo propinó ayer mismo el Supremo, la instancia en la que recaen las tres querellas a las que ha de enfrentarse el togado, al desestimar la petición de Garzón para que apartara por su presunta parcialidad a Luciano Varela de la causa que le juzgará por la presunta prevaricación que cometió al investigar sin tener competencias para ello las desapariciones del franquismo.
Según recoge la resolución conocida ayer, la controvertida decisión del instructor de solicitar a las acusaciones, Manos Limpias y a Falange Española (posteriormente apartada de la causa), que enmendaran sus escritos para eliminar algunas valoraciones más políticas que jurídicas no perseguía otra cosa que «reforzar y actuar las garantías derivadas del principio acusatorio que ampara al imputado en el procedimiento penal».
Por lo tanto, coincide con la Fiscalía, que instó igualmente al archivo de la petición de apartar al juez, en que «la vía de recusación utilizada es absolutamente inviable por carecer de fundamentación y justificación alguna».
Asimismo, se recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, que remarca «que es preciso el examen de los términos de la acusación, pues no caben acusaciones vagas o imprecisas. que hagan que el acusado no sepa de qué se le acusa».
Lo cierto es que, más allá de las sutilezas jurídicas, la decisión pone a Garzón al borde de la inhabilitación, máxime habida cuenta de que también deberá responder por las denuncias que le acusan de haber recibido dinero del Banco Santander para financiar un ciclo de conferencias, que organizó durante un permiso por motivos académicos del que disfrutó en Nueva York, y también por sus instrucciones para grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas del caso Gürtel con sus abogados.
La magnitud de tales acusaciones fue precisamente la que llevó ayer al portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde, a dar por hecho el final de la carrera de Garzón.
A juicio del popular, la situación del magistrado es «mala», tanto que, siempre según el conservador, «va a tener tiempo para cazar abundantemente, si es que está en la calle». Durante una rueda de prensa celebrada en Toledo, el compañero de Mariano Rajoy manifestó que su partido no presiona al Tribunal Supremo para influir en sus decisiones, ni le «jalea» cuando las adopta, lo que no es óbice para que la resolución adoptada ayer implique que Baltasar Garzón recusó de forma «infundada» a Varela, lo que ha interpretado con una gran dosis de ironía como «otro éxito» del magistrado.
Según Conde, Garzón tiene «el récord» de sumarios instruidos que «no sirven para nada» y de narcotraficantes que han de ser excarcelados, porque olvida prorrogar la prisión preventiva, algo que ha relacionado con la dedicación que le exige dar conferencias en las que cobra «200.000 euros».
Por supuesto, todo es susceptible de interpretación, hasta el punto de que el enfoque de IU es diametralmente opuesto.
Por boca de su diputado, Gaspar Llamazares, la coalición izquierdista criticó con acidez al Supremo, puesto que ha acabado siendo «previsible para el error», algo que no va en favor de su «prestigio y respeto». «No esperaba otra cosa; ha terminado siendo un tribunal previsible, y no es malo», sostuvo antes de remachar que sí considera negativo que tal previsibilidad se produzca «para el error y no para el acierto». Ahora, según Llamazares, Varela tiene «carta blanca» para que el «juicio inquisitorial» contra el magistrado comience su andadura.
Como colofón, el diputado explicó que «lo que no está tan claro» es la reacción de la ciudadanía, que va a demostrar al Supremo «a través de la movilización y el desacuerdo político» que el poder judicial «también puede ser discutido y discutible».
En todo caso, las manifestaciones organizadas por la izquierda tampoco podrán librar a Garzón del escándalo que ha supuesto su orden de excarcelar al ex coordinador general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga. Hasta tal punto parece arbitraria la decisión que el presidente del PP en Guipúzcoa, Borja Sémper, informó ayer que la formación popular estudia añadir una nueva querella al nutrido currículum del magistrado por considerar que «todos los indicios apuntan a una posible prevaricación o resolución poco motivada, basada en hechos fraudulentos y poco contrastados».
Cabe recordar que el abertzale salió de prisión para cuidar a su madre dependiente, pero que, desde entonces, ni siquiera ha visitado a su progenitora.
