El sector agrario rechaza la propuesta de retrasar la jubilación a los 67 años

Desde UPA se considera que los agricultores y ganaderos serían los ‘menos afectados’ porque el retraso en la edad de dejar de trabajar ya existe en el campo

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Las organizaciones agrarias y las Federaciones Agroalimentarias sindicales han rechazado la iniciativa anunciada ayer por el Gobierno de desplazar paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años y han recordado que la dureza de las tareas agrarias hace inviable su aplicación en el sector primario.

Según ha detallado ayer el Ministerio de Trabajo e Inmigración en un comunicado, el Consejo de Ministros ha aprobado un documento de reforma de las pensiones que el Gobierno presentará a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, y que, entre otras directrices, incluye «desplazar paulatinamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años».

El director de los Servicios Técnicos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), José Carlos Caballero, ha indicado que el retraso de la edad de jubilación «va contra corriente», respecto a las prácticas de la gran empresa, y puede afectar «seriamente» a la competitividad de nuestra economía. Ha recordado que la tendencia de las grandes empresas internacionales es rebajar el número de años necesarios para acceder a la jubilación, con el objetivo de que se incorporen al mercado laboral nuevos trabajadores.

El responsable de Relaciones Laborales de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), Andoni García, ha resaltado que «no podemos estar de acuerdo» en el planteamiento del Gobierno, porque agricultores y ganaderos «llegan con muchas dificultades» a la edad de jubilación actual, debido a la «dureza» de las actividades en el campo.

Además, ha precisado que el futuro de las pensiones debería requerir, en todo caso, un debate «diferenciado».

El técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) David Erice ha señalado que el sector agrario es «totalmente diferente» al resto, porque la edad media de los trabajadores es de 55 años, y, en muchos casos, cuando llega el momento de la jubilación se ven obligados a continuar con su actividad, porque las rentas de las que disponen son «mínimas». Por tanto, ha señalado, el sector agrario sería «el menos afectado», por tratarse de un retraso de la edad de jubilación que ya existía en el campo.

El secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, Jesús García Zamora, ha indicado que «las formas» utilizadas por el Ejecutivo para comunicar sus planes sobre la edad de jubilación «no son las apropiadas», porque «debe ser una medida que debe valorarse con los agentes sociales previamente».

Sobre el «fondo» de la medida, ha asegurado que «no consolida el sistema de protección social» y que no es congruente «incrementar» los requisitos de los trabajadores» para acceder a la jubilación, que, en su opinión, contrasta con las prioridades que mostraba el Gobierno «hasta el verano», cuando «estaba dispuesto a rebajar las cuotas sociales a la patronal».

El secretario de Comunicación y Empleo de la Federación Agroalimentaria de CCOO, José Fuentes, ha planteado que esta medida es «improcedente» y «genera alarmismo y desconfianza», y que «puede dejar sin expectativa de pensión en el futuro» a muchos empleados, porque «endurece de forma brutal» las condiciones de acceso al sistema» de pensiones. «El Gobierno se equivoca» con esta medida, ha asegurado Fuentes, quien le ha solicitado, en cambio, actuaciones que generen empleo, acaben con la precariedad laboral y permitan aflorar la economía sumergida, así como el «cierre, de una vez» del calendario para equiparar las prestaciones y derechos de 800.000 trabajadores del Reass a los del Régimen General de la Seguridad Social.

Aprobadas las ayudas de la PAC.- El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto sobre la aplicación en 2010-2011 de los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) a la agricultura y ganadería españolas, por un importe que puede ascender a algo más de 5.500 millones de euros en cada uno de esos ejercicios. Según ha indicado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en un comunicado, el plazo para pedir las ayudas directas y la asignación gratuita de derechos de la Reserva Nacional se establece hasta el próximo 30 de abril.

Las ayudas directas de la PAC cuentan con más de 45.000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea, de los que más de 5.500 millones de euros corresponden a España, afectan a más de 900.000 beneficiarios y supone más del 14% de la renta agraria. Ha explicado que la norma es sólo para dos años (2010 y 2011), que para 2012 se desacoplarán más sectores y que sólo quedarán acopladas, después de esta fecha, las ayudas a la vaca nodriza y al algodón, por lo que, ha apuntado, se deberá aprobar otra norma.