El PP rectifica y permite tramitar la Iniciativa contra los desahucios

Una pareja de jubilados, de 67 y 68 años, acaba con su vida en Mallorca, tras informarles de que iban a ser desalojados de su vivienda por impagos a una entidad financiera.

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El suicidio de un matrimonio de jubilados en Mallorca que iba a ser desahuciado empañó ayer el inicio del trámite parlamentario para luchar contra los desalojos que afectan a miles de personas en toda España. Además, otra circunstancia, esta de corte político, estuvo a punto de paralizar la iniciativa. Pero no fue así, gracias a que el PP decidió in extremis rectificar y cambiar su sentido del voto (de la abstención al apoyo) sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por sindicatos, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otras entidades para que se apruebe una moratoria de todas las ejecuciones hipotecarias, se reconozca la dación en pago retroactiva y se cree un parque público de viviendas en alquiler social.

La iniciativa, que llegó al Congreso acompañada por casi un millón y medio de firmas, necesitaba de la mayoría absoluta del PP para poder ser admitida a trámite. Aunque en un primer momento los populares habían anunciado que votarían en contra pero que pondrían a la Ley Antidesahucios el nombre de la ILP, finalmente votaron a favor, lo que garantizará que la propuesta se admita a tramitación con unanimidad de la Cámara Baja.

El diputado del PP Teodoro García Egea explicó que «esta iniciativa entra en el Parlamento para ser debatida e incorporada al texto final» de la ley Antidesahucios, que recoge la preocupación del Gobierno por este asunto, como demuestra a su juicio que «las enmiendas del PP van en línea de regular la dación en pago para quienes tienen mayor vulnerabilidad, siempre que no haya sido posible reestructurar la deuda ni hacer una quita».

Además, cargó contra el PSOE, que durante el anterior mandato «falló» y «su única medida fue crear juzgados especiales para agilizar los desahucios». «Entendemos el enfado de los promotores de la iniciativa, sobre todo ante la inacción del anterior Ejecutivo, y compartimos esa necesidad de poner fin a esta lacra», añadió.

«Siempre hemos defendido la necesidad de no hacer de un tema tan importante como la vivienda un enfrentamiento político. Necesitamos cooperar para construir el futuro y avanzar», asumió, defendiendo por último la actuación del Gabinete de Rajoy, que ha puesto soluciones en estos meses, permitiendo ahora que se mejore la normativa con las aportaciones ciudadanas y de los grupos, y «persiguiendo el mismo fin que la ILP».

Por su parte, la socialista Leire Iglesias reconoció la «insuficiencia de las medidas» adoptadas en la pasada legislatura, por lo que ahora hace falta remediarlo cambiando una Ley Hipotecaria «obsoleta». En este sentido, aseguró que el PSOE está «plenamente comprometido» con las tres peticiones de la iniciativa, aunque se «podría mejorar».

Para evitar retrasos en la tramitación, propuso que todos los grupos presenten en un plazo «no superior a 12 horas» sus enmiendas, dado que se trata de un tema sobre el que llevan mucho tiempo trabajando y que no requiere de más tiempo. «Tras ese tiempo podremos tramitar la ILP conjuntamente con el proyecto de ley», añadió.

«No vamos a parar hasta que en este país nadie vuelva a perder su vivienda en condiciones injustas, que nadie se vea al borde del abismo. Sean patriotas, piensen en los españoles, decidan. Hoy es su oportunidad de votar y cambiar las cosas, o de llorar y lamentarse después», instó a la bancada popular, recordándoles que «no se trata de caridad sino de derechos y soluciones viables».

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó el «tiempo perdido» y recordó las múltiples iniciativas que se han presentado a este respecto «sin que los partidos mayoritarios hubieran pasado de las palabras a la acción».

Europa se pronuncia mañana.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminará mañana si la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores, según informaron ayer fuentes judiciales. Un fallo condenatorio obligaría al Gobierno de Mariano Rajoy a modificarla. La abogada general del Tribunal, Juliane Kokot, cuyas opiniones se siguen en el 80 por ciento de los casos, ya dictaminó en noviembre del año pasado que la norma nacional no se ajusta a la legislación del Viejo Continente, ya que no garantiza a los clientes una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

La sentencia del Tribunal de Justicia responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago.