O el Gobierno central recula en la lucha antiterrorista o, simplemente, sigue aplicando el zigzag en esta materia. El ministro del Interior, Antonio Camacho, advirtió ayer de que ETA debe cesar «definitiva e irreversiblemente» en su actividad criminal sin que esa decisión tenga que estar condicionada por movimientos previos del Ejecutivo.
El polémico número uno socialista por Zamora en las próximas elecciones generales compareció en Vitoria ante los medios después de reunirse con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco, cuyos principales sindicatos policiales mostraron su enorme malestar por las palabras del pasado lunes del fiscal del País Vasco, Juan Calparsoro, que aventuró que la Justicia sabría ser «generosa» con la banda, y también por el caso Faisán, que deja su labor en entredicho.
El dirigente progresista, a quienes algunos acusan de orquestar la trama del chivatazo, también mantuvo un encuentro con el lehendakari, Patxi López, al que asistió el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares. Así, explicó que los dos Gobiernos han constatado que el actual es un «buen momento» en la lucha antiterrorista, en el camino hacia la paz, y que a él se ha llegado por el «magnífico trabajo» desarrollado por los agentes del Orden.
El ministro también se refirió a la política penitenciaria, y aseguró que Madrid no tiene previsto «ningún movimiento ni acercamiento masivo de presos» al País Vasco. Confesó que trató sobre este tema con el líder de los socialistas de Euskadi, coincidiendo por tanto en mantener la estrategia antiterrorista que ha conducido a la actual situación, «con las modulaciones que aconsejen las circunstancias para lograr el fin definitivo del terrorismo sin condiciones ni contrapartidas».
Además, Camacho insistió en que, desde algunos ámbitos políticos, se está tratando de «dar la sensación de que el Ejecutivo tiene que dar pasos, que todo depende de los que dé, y eso no es cierto», porque «el único que ha de ejecutarse corre a cargo de la banda para asumir que la violencia carece de sentido, y que en democracia cualquier idea puede sostenerse por métodos democráticos».
A preguntas de los periodistas, el titular de Interior se refirió a la posibilidad de que haya un acercamiento masivo de presos una vez que ETA decida acabar con su actividad, y se limitó a reclamar que la organización dé el paso y, entonces, «el Gobierno que esté decidirá las medidas que han de adoptarse».
Sí valoró los últimos posicionamientos de los reos, que han estado sometidos a un «intenso control» por parte de la dirección de la banda, mientras que ahora cada vez es «más importante» el número de éstos que se ajustan a la ley, en gran parte gracias a la Policía.
Desde Madrid, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que hace 48 horas se mostró abierto a aceptar una de las condiciones de la banda, destacó que las declaraciones de Calparsoro, «hay que entenderlas siempre dentro de los términos en los que se expresó, dentro de la aplicación de la Ley».
Menos comprensiva se mostró la popular Soraya Sáenz de Santamaría, que valoró que «cada vez hay más datos» para la ilegalización de Bildu. En la misma línea se posicionó el portavoz de Interior, Ignacio Cosidó: «No podemos dar ningún crédito a los últimos gestos de la banda. El Gobierno debería impedir con todas los instrumentos de nuestro Estado de Derecho que ETA-Batasuna pueda entrar en el Congreso. El PP reafirma su compromiso con la derrota incondicional del terrorismo».
