El Gobierno recurre las ayudas de Ibarretxe a las familias de etarras

Interior y Justicia acuden al Tribunal Superior vasco para que deje sin efecto la convocatoria de subvenciones por importe de más de 225.000 euros para realizar visitas a los presos.

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Por paradójico, e incluso cruel, que pudiera parecer, lo cierto es que el final de la tregua trampa de ETA fue lo mejor que le podía pasar a la lucha antiterrorista. Tras años de mantener un desconcertante sí pero no a la hora de perseguir a los asesinos de la banda, tanto el Gobierno como los jueces y las Fuerzas de Seguridad se han unido en un bloque sin fisuras cuya acción conjunta está a punto de asfixiar definitivamente a la organización criminal.

Las últimas pruebas llegaron ayer desde Francia y Madrid. En el país vecino, la Gendarmería localizó un nuevo zulo con más de 500 kilos de explosivos, mientras que en la capital española el Ejecutivo anunció que la Abogacía del Estado recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) las ayudas que el Gabinete en funciones presidido por Ibarretxe ha decidido conceder a los familiares de familiares de presos de ETA para sufragar los gastos de las visitas que realizan a las cárceles.

Las subvenciones, aprobadas con varios meses de anticipo para dejarlas bien atadas antes del cambio de Gobierno, se concedían desde los años 90 a través de la organización abertzale Senideak, mientras que, a partir de 2003, el Ejecutivo autonómico las incluyó en los Presupuestos, dentro de las ayudas familiares.

Ahora, tras constatar que el Ejecutivo de Vitoria ha ignorado su condición de interinidad y ha dado luz verde a una iniciativa que correspondería al Ejecutivo entrante, los ministros de Interior y Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, respectivamente, han acordado impugnar, «de inmediato», la orden que convoca la concesión de estipendios por 225.081 euros.

Pese a la dificultad legal de dar marcha atrás a una decisión adoptada por un Gobierno que, pese a su provisionalidad es, en última instancia, legítimo, todo hace indicar que, gracias a los nuevos vientos de tolerancia cero que soplan en el ámbito de la lucha contra ETA, el recurso de Madrid permitirá cuando menos frenar el otorgamiento de unas ayudas que, según la inmensa mayoría de los demócratas, contribuyen a legitimar a los asesinos y representan un insulto a las víctimas.

Por fortuna, la lucha policial contra los pistoleros plantea muchos menos vericuetos jurídicos y es, con harta frecuencia, bastante más efectiva.

El último fruto del celo galo a la hora de perseguir a los etarras ha consistido, nada más y nada menos, que en media tonelada de sustancias químicas listas para la fabricación de explosivos.

El zulo se encontraba en un garaje de la ciudad de Grenoble, en el sureste francés, y contenía cinco tubos de PVC con el anagrama de la organización terrorista. Dentro de tales envases, los agentes de la Subdirección Antiterrorista y de la Policía Judicial de Lyon encontraron notables cantidades de nitrato de amonio y polvo de aluminio. Además, en la lonja también se almacenaban 20 litros de agua oxigenada, dos cilindros vacíos y dos bombonas grandes de gas.

Al parecer, este local, que estaba aparentemente abandonado, servía como depósito, de manera que, al menos según las investigaciones preliminares, se excluye que se empleara como laboratorio para fabricar las bombas. Los investigadores consideran además que en los alrededores ETA podría tener alquilada una vivienda que sirviera como apoyo a la persona o personas encargadas de gestionar el polvorín.

Precisamente fue el impago de la renta a los propietarios del garaje la que condujo al descubrimiento del almacén, después de que el propietario del local accediera al mismo el fin de semana tras varios meses sin percibir cantidad alguna de los arrendatarios.

El dueño alertó a la Policía, que solicitó la intervención de agentes especiales de los Bomberos dedicados al manejo de sustancias químicas, que confirmaron la peligrosidad de los componentes, puesto que, si bien son inocuos por separado, resultan muy inestables cuando se los combina.

Este descubrimiento, además de poner de manifiesto la descomposición interna de la banda, incapaz de atender siquiera sus infraestructuras, rompe una larga racha sin hallazgos de explosivos en el país vecino, un territorio en el que los asesinos se han abastecido habitualmente.

Baste recordar que, en octubre de 1999, un comando sustrajo de 8,3 toneladas de explosivos en Bretaña, mientras que otro talde se hizo con 1.600 kilos en 2001 cerca de Grenoble, precisamente la misma localidad donde ayer se produjo el hallazgo.