El Gobierno prohíbe que los ayuntamientos pidan más créditos hasta 2012

La iniciativa, recogida en el Plan de ajuste del gasto público, resulta «incongruente» a juicio del PP, que la define como «una canallada»

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El Plan de ajuste implementado por el Gobierno para tratar de reducir el galopante déficit público del Estado no solamente repercutirá en los funcionarios y pensionistas, aunque serán ellos quienes lo sufran de manera más directa, sino que toda la ciudadanía verá severamente mermado su nivel de bienestar. Será así como consecuencia de la reducción de las inversiones en infraestructuras y, sobre todo, a cuenta de una nueva disposición contenida en el Real Decreto-ley que recoge las medidas y que ayer vio la luz en el BOE.

Como parte del paquete para limitar en 15.000 millones los dispendios de las administraciones, el Gobierno ha prohibido a los Ayuntamientos y sus entidades dependientes «acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes» salvo que sea para reducir sus intereses. Asimismo, los préstamos a corto plazo «concertados para cubrir situaciones transitorias de financiación» deberán quedar cancelados a 31 de diciembre de cada año.

Tal iniciativa fue duramente contestada por el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, quien denunció la «incongruencia e improvisación» del Ejecutivo al cercenar la financiación a los entes locales y no a las comunidades autónomas y a la administración central, ambas con más déficit.

A juicio del popular, también resulta «paradójico» que se prohiba el acceso de los consistorios al crédito cuando hace menos de un año los socialistas movilizaron más de 13.000 millones de euros en las diferentes versiones del plan E, destinado a potenciar la inversión en el ámbito local y a crear puestos de trabajo, aunque para no pocos apenas se trataba de maquillar las estadísticas del paro mediante contrataciones para cambiar aceras.

En suma, según Moreno, la medida conocida ayer es «una muestra más de la jaula de grillos en que se ha convertido el Ejecutivo». Con esta prohibición «se pone en riesgo los servicios sociales que prestan a millones de ciudadanos. La falta de diálogo, previsión y planificación del señor Zapatero lleva a la bancarrota al conjunto de los ayuntamientos», resumió el conservador.

Tales palabras fueron del todo refrendadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que censuró la «nueva burrada que acaba de cometer el Gobierno» y avisó de que con la medida se ponen en riesgo los servicios que prestan las corporaciones locales, tales como «el mantenimiento de la limpieza de calles, el cuidado de jardines, la asistencia social, el mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, deportivos o de mayores». Además, la levantina definió como un «sablazo en toda regla» al poder adquisitivo de las personas mayores el hecho de que el Ejecutivo congele las pensiones. «Sinceramente, yo esto lo veo como una canallada. No se me ocurre otra manera de calificarlo, remató la popular.