El Gobierno evitará con la nueva ley el desahucio de 120.000 personas

Con el apoyo de UPyD, el Ejecutivo saca adelante una norma anunciada hace solo dos semanas.

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Con el respaldo de UPyD y las abstenciones de FAC y CC-NC, el Gobierno central sacó adelante, con 185 votos a favor y 146 en contra, el decreto ley de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que se tramitará como proyecto de ley por unanimidad de las formaciones parlamentarias. Como el baile de cifras ha sido constante desde que se anunció la medida en el Consejo de Ministros de hace dos semanas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quiso aportar algo de luz señalando que alrededor de 120.000 familias se beneficiarán de una norma que frena en seco las actuaciones de desalojo. Además, aseguró que más de 600.000 se podrán acoger a los alquileres sociales, y hasta 120.000 gozarán de la moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias.

Y es que el decreto prevé una moratoria a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a su entrada en vigor, y en los que no se hubiera procedido al desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables.

Eso sí, las familias tendrán que cumplir ciertos criterios económicos y sociales: deberán ser familias numerosas, monoparentales con dos hijos a cargo, con un menor de tres años, o con uno de sus miembros con una discapacidad mayor del 33 por ciento.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por dependencia o incapacidad permanente para trabajar, a familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, o en las que convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

Además, tienen que concurrir una serie de requisitos económicos para que se paralice el desahucio, como que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 anuales.

También tendrán que acreditar que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la paralización del desalojo hayan sufrido una alteración «significativa» de sus circunstancias económicas, entendiéndose por esto cuando el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en esos cuatro años, es decir, que si suponía un 40 por ciento haya pasado a ser un 60.

Uno de los puntos que se criticó al Ejecutivo el pasado 16 de noviembre fue la falta de información sobre el alquiler social. Ahora se sabe que el coste del mismo oscilará entre los 150 y los 400 euros.

También se le reprochó que se omitiera la composición del parque de viviendas. Y es que es una tarea que deberá consensuar el Ejecutivo con bancos y cajas. De hecho, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, está realizando un informe sobre viviendas de protección pública que se hallan vacías.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, consideró que no de paraliza ningún desahucio, «solo se retrasa, evitando telediarios con noticias dramáticas de desalojos».

Oposición frontal de los afectados.- Portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la plataforma Stop Desahucios aseguraron ayer que es «falso» que el decreto vaya a beneficiar a 120.000 personas, tal y como anunció De Guindos.

Su representante en Barcelona, Ada Colau, indicó que cuestionan «completamente» el dato de La Moncloa, puesto que «también se suponía que el decreto de Buenas Prácticas tenía que beneficiar a miles de personas y se han hecho 40 daciones en pago». «Han mentido sistemáticamente con esto, y por nuestra experiencia directa, sabemos que la mayor parte de los afectados se quedan fuera», añadió.

Mientras, su compañero en Madrid, Chema Ruiz, manifestó que los cálculos de De Guindos son «falsos totalmente». «Ya sabemos cómo hace los cálculos el ministro, o bien es un inepto, o directamente está mintiendo y se vuelve a reír de los afectados».

Para ambos, hay que cambiar la Ley Hipotecaria. En este sentido, Ruiz señaló que esta nueva norma «lo único que hace es una paralización del desahucio temporal con fecha de caducidad a 17 de noviembre de dentro de dos años, pero no soluciona el problema económico puesto que es una medida que pretende solamente rebajar el nivel de presión social ante el drama que suponen los desahucios y los suicidios que se han producido».

Desde Facua-Consumidores en Acción se denunció que «la mano del poder financiero» está detrás de un real decreto de ley «cuyo contenido es claramente discriminatorio y con visos de inconstitucionalidad».

Por otra parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros reclamó que la moratoria se aplique tanto a desalojos como a embargos, «iniciados como no», y que se prolongue durante tres años para todos los deudores hipotecarios «con dificultades sobrevenidas».