El Gobierno desprecia el comunicado del núcleo duro de los presos de ETA

Al cierre de esta edición, el juez Pedraz, que había pedido informes a la ‘Ertzaintza’, a la Guardia Civil y a la Policía, no se había pronunciado sobre si prohibiría el polémico acto.

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La fecha de hoy será marcada como el día más triste -lamentablemente, de momento- para las víctimas del terrorismo, ya que los 63 etarras excarcelados gracias al fallo del pasado 21 de octubre del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se reunirán en Durango para pedir al Gobierno central que flexibilice su política penitenciaria tras el último comunicado del EPPK. La respuesta oficial ya la tienen servida desde ayer, de boca del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz: el desprecio. Y es que el dirigente popular, que calificó de «repugnante» y «deleznable» el «aquelarre» convocado por los abertzales, afirmó que el movimiento de la banda asesina no tiene para el Ejecutivo «ningún valor» y que, por ello, no va a cambiar en «nada» ni la política antiterrorista, ni la penitenciara ni la política de dispersión de presos.

«El lugar donde se ha convocado el aquelarre es un antiguo matadero. No sé si lo eligieron con ese conocimiento previo pero va muy bien para el caso», declaró el barcelonés, que añadió: «Estas personas no han pedido perdón a sus víctimas, no se han arrepentido de sus crímenes, no se han desvinculado de ETA, ni han manifestado su intención de colaborar con las autoridades judiciales. La responsabilidad penal es personal y un comunicado no tiene ningún valor, y éste, por lo tanto, ninguno».

Sin negociación

En este sentido, Fernández Díaz mostró la firmeza de su Gabinete una vez más para recalcar que «el único mensaje que le interesa al Gobierno y para el que está trabajando» es en el que ETA anuncie «su disolución incondicional». «Saben perfectamente que el Gobierno no ha negociado, no negocia y no va a negociar», apostilló.

«El Ejecutivo no va a estar pendiente de los comunicados que por propaganda y al servicio de sus estrategias y para la teatralización que necesita ETA o sus presos decidan en cada momento. No cambia para nada la política antiterrorista del Gobierno en general y la política penitenciara en particular», sentenció.

El titular de Interior señaló, sobre una hipotética prohibición del acto, que todo estaba en manos de el juez Santiago Pedraz, que el pasado jueves solicitó informes a la Ertzaintza y hoy lo hizo a la Policía y a la Guardia Civil. Al cierre de esta edición, el magistrado no había tomado ninguna decisión al respecto, si bien todo apunta a que el polémico evento será autorizado, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional manifestó a última hora de ayer que no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en la convocatoria, aunque pidió vigilancia al togado, que fue calificado el pasado octubre por el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de «pijo ácrata» por haber archivado la causa sobre las manifestaciones del 25-S.

Así, el Gobierno central volvió a mostrar su absoluto respeto sobre lo que vaya a decidir el magistrado, ya que, como señaló Fernández Díaz, es quien tiene «la última palabra».

En cualquier caso, manifestó que la Guardia Civil y la Policía estarán «muy pendientes» de lo que suceda por si tiene lugar alguna conducta que pueda ser constitutiva de delito. Conviene recordar que algunos de los asesinos fueron recibidos con petardos y gritos en favor de ETA en sus lugares de origen.

Al ser preguntado si se puede instar la ilegalización de Sortu y Bildu si apoyan ese acto, Fernández Díaz adviritó de que hay que ser «muy escrupulosos» porque si se toma una iniciativa de esas características es «para ganar», ya que «si no sería peor el remedio que la enfermedad».

«Pero que tengan muy claro Bildu y Sortu que lo que dijo el Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos Políticos, que están muy vigentes. Legalidad no significa impunidad», recalcó el ministro del Interior.

En este sentido, subrayó que conductas de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas o «equiparación» de víctimas y verdugos» de una manera reiterada incurrirían en los supuestos fijados por el Tribunal Constitucional que podrían dar lugar al «incidente de ilegalización sobrevenida». «El contador hace tiempo que dejó de estar a cero», avisó rotundo. Ahora solo queda esperar.