El Gobierno decide hoy si solicita una prórroga del estado de alarma

Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará hoy o mañana una petición que el Congreso votará el jueves y que trata de asegurar la normalidad durante las navidades.

El Gobierno, quizá más preocupado en cómo el vicepresidente Rubalcaba sustituirá a Rodríguez Zapatero que en afrontar los problemas de los españoles, fue ayer nuevamente incapaz de informar sobre la situación real de la crisis de los controladores y, mientras se multiplican las informaciones que evidencian que Moncloa conocía desde meses atrás que el gremio encargado de gestionar el tráfico aéreo estaba a punto de estallar y que no quiso o no supo evitar el colapso que cerró los aeropuertos durante el estratégico puente festivo de la Inmaculada, rehusó un día más anticipar si prorrogará el estado de alarma que tiene militarizados los cielos patrios.

Pocas horas antes de que hoy mismo el Ejecutivo deba tomar una decisión tan trascendente, la debilidad del Gabinete socialista, nuevamente en manos de los nacionalistas, cuyos votos necesitará para que el Congreso convalide una hipotética prórroga, convirtió la cuestión en una nueva batalla política, que se libra al margen de los intereses de la ciudadanía.

Así, mientras CiU y PNV anunciaban su interesada disposición a respaldar al Gobierno, el PP permaneció a la espera del desarrollo de los acontecimientos antes de adoptar decisión alguna y solicitó al Gabinete que, antes de decidir, le aclare qué ha hecho hasta ahora para encontrar una solución al «conflicto laboral» con los controladores.

La número dos de los populares informó de que el Gobierno no ha facilitado ninguna información a su partido y que Rubalcaba llamó a Mariano Rajoy para pedirle su opinión sobre la crisis, pero sin aclararle los planes de Moncloa con respecto a la prolongación de «un estado de excepción» como el que en estos momentos vive España.

Esta situación de alarma, constitucionalmente limitada a 15 días, concluirá el sábado, día 18, y, según establece la Carta Magna, para alargarlo en el tiempo es necesario el aval del pleno del Congreso, que debería pronunciarse, a expresa petición del Gobierno, antes de que termine el citado plazo.

Así pues, habida cuenta de que la sesión plenaria de la Cámara Baja concluye el jueves, será hoy cuando con toda probabilidad el titular de Fomento, José Blanco, desvele la intención del Ejecutivo. En caso de que, como apuntan la mayoría de indicios, se decidiera solicitar la citada prórroga, destinada a evitar un nuevo caos aéreo en las ya cercanas vacaciones navideñas, habría un Consejo de Ministros extraordinario hoy mismo, o mañana a más tardar, justo a tiempo para poder plantear su postura a las Cortes antes del sábado.

El miércoles también está marcado en rojo en los calendarios de las agencias de viaje, cuyos representantes se reunirán en Madrid para demandar a la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, o a los controladores aéreos, por la «tropelía» cometida contra el sector, tal como explicó ayer el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes, Rafael Gallego.

También movieron sus fichas los propios controladores, que se negaron nuevamente a declarar ante la Justicia con el argumento de que, tras la instauración del estado de alarma, la única jurisdicción competente para evaluar su situación es la penal, y no la civil, que les acusa de sedición.

«Garantizar la movilidad».- El vicepresidente Rubalcaba, cada vez más el verdadero hombre fuerte del Gabinete, no quiso concretar ayer si habrá prórroga del estado de alarma, una decisión que se producirá si el Gobierno «entiende que es preciso para garantizar la movilidad», duda que, al parecer, quedará hoy mismo resuelta.

El análisis.- No es una herramienta laboral. Mientras el ministro Blanco dice que se despedirá a «algunos» controladores, el PP advierte de que el estado de alarma no puede emplearse para presionar al díscolo colectivo. Más allá de que la crisis de los controladores aéreos sea una excelente oportunidad para hacer oposición y demostrar a la ciudadanía las carencias del actual Gobierno, el PP advirtió ayer al presidente Zapatero por medio de su número dos, María Dolores Cospedal, de que no es posible declarar el estado de alarma con «carácter preventivo», ya que se trata de una situación que limita derechos, y que, por lo tanto, su prórroga en el tiempo debe estar «justificada». Además, la secretaria general de la formación conservadora denunció que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, llamara el pasado fin de semana al líder del PP, Mariano Rajoy, para «pedir ayuda» al PP a la hora de gestionar la crisis y luego se dedique a «insultarle» delante de los micrófonos.

Al término del comité de dirección del principal partido de la oposición, Cospedal insistió en que «no puede ser que el estado de alarma se convierta en un instrumento más para negociar un conflicto laboral», y emplazó al titular de Fomento, José Blanco, a explicar qué ha hecho «hasta el día de hoy

-por ayer-» para buscar una solución. Igualmente, anticipó que su partido quiere que el socialista informe de las medidas que va a adoptar el Gobierno, si ha formado a nuevos controladores como anunció hace unos meses y si piensa recurrir a compañías privadas de controladores, entre otros aspectos.

Entretanto, el ministro de Fomento, José Blanco, defendió la respuesta «clara y contundente» del Gobierno ante el plante y se mostró convencido de que habrá controladores con «responsabilidad civil y penal» por haber abandonado sus puestos de trabajo de forma masiva.

El socialista dijo estar seguro de que, en virtud de los cuatro procesos judiciales abiertos, habrá profesionales que serán despedidos, por «falta muy grave» y otros a los que se les retirará la licencia.

FuenteAgencias  Sevilla
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