La futura Ley Orgánica del Poder Judicial modificará el aforamiento, incluyendo a la Reina y a los Príncipes de Asturias, que pasarán a engrosar una lista que incluye ya,entre otros, al presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y senadores y la cúpula de la Justicia. Así lo decidió ayer el Ejecutivo en el Consejo de Ministros, que añadió que el Rey no lo necesita, ya que la Constitución dispone que su figura «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
Para el titular de este departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, «el aforamiento no es un privilegio, sino un instrumento para aumentar seguridad jurídica sobre algunas personas por razón de la función que desempeñan, e incluso, en algunos casos, es un perjuicio». Así, añadió, era una «disfunción» y «no tenía ningún sentido que, por ejemplo, un ministro estuviese aforado ante el Supremo y que el Heredero no lo estuviese».
Asimismo, todos los casos que investigue la Audiencia Nacional y otros de especial relevancia serán instruidos por tres jueces, en lugar de uno como hasta ahora. Es lo que se conoce como instrucción colegiada que, en la práctica, supone, tal y como reconoció el exalcalde de Madrid, que cuando entre en vigor la nueva ley, casos del volumen y la repercusión de Gürtel o los ERE de Andalucía serán instruidos por tres magistrados. Según explicó el titular de Justicia, con ello se pretende «elevar el umbral de garantías, diluir la presión sobre un juez único y, en tercer lugar, promover la agilización del proceso porque los magistrados podrán repartirse multitud de pruebas».
Conviene recalcar que no todos los delitos serán investigados por tres togados; sí los que entren en la Audiencia Nacional por su «complejidad», según Gallardón, y también aquellos en los que exista un «elevado número de personas imputadas, dificultades derivadas de la excesiva duración de la instrucción o un extraordinario volumen de la causa». Serán los órganos de gobierno del Poder Judicial los que decidan finalmente qué sumarios se ajustan a estos criterios.
La Ley Orgánica del Poder Judicial -la tercera de la Historia- es, para el popular, «el Proyecto de Ley más importante» que aborda su Ministerio en esta legislatura, y se hace desde «la constatación de que el modelo no admitía mas remiendos, sino que se necesitaba uno nuevo». De esta forma, en 666 artículos se configura «la Justicia de España en el siglo XXI», que debe buscar que los tribunales resuelvan «en un tiempo razonable» los litigios, ya que la principal crítica de los ciudadanos al sistema judicial son «los tiempos de respuesta».
Entre otras muchas novedades, esta norma cambiará el mapa actual de la Justicia en España mediante la desaparición de las Audiencias Provinciales y la creación de Tribunales de Instancia con jurisdiccion provincial y sede en las capitales. «No supondrá la desaparición de ningún juzgado», recalcó, de tal forma que las actuales sedes judiciales de pequeñas ciudades pasarán a ser «desplazadas»; dependientes del Tribunal de Instancia de su propia demarcación.
Asimismo, el texto refuerza el papel del Supremo (TS), «el gran activo de la justicia en España», según el ministro. De esta forma, el anteproyecto otorga carácter vinculante a determinada jurisprudencia del TS. Cada tres meses, el Pleno de cada Sala decidirá cuál es su jurisprudencia vinculante para los tribunales inferiores y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Hasta ahora, explicó el político conservador, su jurisprudencia solo tenía «carácter orientador» para los demás tribunales.
Así, la organización judicial quedará finalmente estructurada en Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad, Audiencia Nacional y Tribunales Provinciales de Instancia. Desaparece también la figura del juez de paz que, a juicio de Gallardón, queda sin contenido al suprimirse el delito de faltas en el nuevo Código Penal.
