El Gobierno acude al Constitucional contra el euro por receta catalán

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que la tasa sanitaria de la ‘Generalitat’ vulnera el artículo 149 de la Carta Magna mientras, desde Barcelona, se habla de «sabotaje»

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Nuevo desencuentro entre Madrid y Barcelona, entre Rajoy y Mas. El Consejo de Ministros autorizó ayer al presidente del Gobierno a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la tasa judicial y la de un euro por receta aprobadas por la Generalitat de Cataluña el pasado mes de marzo.

En concreto, éste afecta a los artículos 16 y 41 de la ley regional 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, después de que «no haya habido acuerdo» con el Gobierno de CiU en las negociaciones mantenidas desde que se conocieron ambas tasas, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

«De acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se establecen impuestos que afectan a supuestos regulados por una norma estatal y, en el caso de las tasas judiciales, con carácter general, que no pueden gravarse dos veces», apuntó la dirigente de Valladolid.

En el caso del euro por receta, dicho informe dejó claro que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según lo establece la Constitución en el artículo 149.

De este modo, el Gobierno entiende que la tasa catalana «vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la Sanidad y la legislación de productos farmacéuticos».

Además, también entienden que «perjudica» a la igualdad de los españoles, ya que este euro por receta «grava por dos veces» la adquisición de medicamentos.

Para ello, recordó que el Gobierno ya ha creado un copago que «discrimina según renta», mientras que la tasa catalana es «lineal y afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias».

En el caso del gravamen judicial, el Ejecutivo la impugna porque «coincide con lo que ya está previsto desde hace tiempo en el ámbito de la legislación estatal, a través de una tasa de la potestad jurisdicional», ya que «las comunidades no pueden establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados con los estatales». En ambos casos, se va a pedir la suspensión de ambas cargas «para evitar que los ciudadanos sigan pagando».

Además, Sáenz de Santamaría quiso dejar claro que el Gobierno central ha decidido presentar el recurso de inconstitucionalidad una vez aprobada la norma, y después de haber intentado llegar a un acuerdo con la Generalitat, como ya consiguió con el impuesto de patrimonio cultural, por lo que hasta que el euro por receta de la Comunidad de Madrid no entre en vigor, no iniciarán el mismo proceso. Eso sí, la titular de Sanidad, Ana Mato, ya se ha puesto en contacto con el equipo de Ignacio González, que, en tono desafiante, indicó que «seguirá adelante» si él entiende que es de su competencia. Más incisivo fue su consejero, Javier Fernández-Lasquetty: no les importa lo que haga al final Cataluña.

Desde Barcelona, el consejero de Economía en funciones de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, tachó de «sabotaje» a los esfuerzos de su equipo por cumplir con el objetivos de déficit el recurso que presentará La Moncloa.

Así, alertó de que, si el Tribunal Constitucional admite a trámite la petición, se suspenderá de forma cautelar la medida.

Tras tachar de «populista y sarcástico» el hecho de que el Ejecutivo central recorte 217 euros a cada jubilado de su comunidad, el político de CiU ensalzó la medida que llevan a cabo desde marzo porque supone una recaudación anual de 140 millones de euros que ahora dejarán de ingresarse.