El Gobierno acepta ampliar a un año los 420 euros a desempleados sin subsidio

Estas propuestas en materia de cotizaciones y protección social de las personas sin trabajo tendrían un coste total para las arcas del Estado de 8.106 millones de euros.

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El Gobierno está dispuesto a aceptar la petición de los sindicatos de ampliar a un año el pago de 420 euros al mes para los parados que hayan perdido el subsidio de desempleo, y no limitarse a seis meses, como propuso en el borrador del acuerdo que presentó en junio en la mesa del diálogo social.

Además, el Ejecutivo también pretende llevar a cabo una rebaja de «en torno a dos puntos» en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, frente al medio punto propuesto en el borrador el mes pasado.

El presupuesto total de estas dos medidas contra la crisis ascendería a de 8.106 millones de euros, 7.200 para que las compañías pagaran menos por los trabajadores y 906 millones de la nueva cobertura de desempleo.

Patronal y sindicatos estudiarán este documento, en el que «no se plantea» para la negociación el denominado Contrato del siglo XXI, propuesto por los empresarios, que contempla una indemnización por despido de 20 días por año trabajado.

El nuevo plan sustituye al anterior proyecto acordado, fechado el 25 de junio, que recoge las medidas que el Gobierno propone a los agentes sociales, tanto en materia sociolaboral como en el diálogo social reforzado. Dentro de las primeras, además de los 420 euros de subsidio y la rebaja en las cotizaciones sociales, están la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, mejorar la intermediación del mercado laboral con las ETT y poner en funcionamiento una mayor formación profesional.

También incluye medidas sobre el absentismo, la protección social y la negociación colectiva, que considera debe completarse en seis meses de forma «bilateral», solo entre patronal y sindicatos.

Dentro del diálogo social reforzado se incluye el compromiso de simplificación y agilización de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la reducción del impuesto de sociedades y un fondo para la Economía Sostenible que movilice para el sector privado unos 20.000 millones de euros en 2009 y 2010.

Asimismo, prevé un nuevo fondo de inversión local para obras de mejora de la productividad en el ámbito tecnológico, medioambiental y de desarrollo del sistema de atención a la dependencia de 5.000 millones en 2010.

Por último, contempla algunas exenciones fiscales en materia de vivienda y alquiler, así como que se revise la ley concursal.