El general que falseó pruebas del Yak no irá a la cárcel por hallarse gravemente enfermo

La Audiencia Nacional suspende por este motivo la ejecución de la sentencia de tres años de prisión a la que fue condenado Navarro

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La Audiencia Nacional (AN) suspendió ayer la ejecución de la sentencia que condenó al general de Sanidad Vicente Navarro a tres años de cárcel por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 en Turquía, ya que tiene una «enfermedad incurable», por lo que no irá a prisión.

Así lo acordó la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal en un auto en el que estima la petición del Ministerio Fiscal, que también solicitó que el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, condenados a 18 meses de prisión como cómplices del condenado, no ingresaran en la cárcel, ya que sus penas son inferiores a dos años y no tienen antecedentes. La AN aún no se ha pronunciado al respecto.

Precisamente, ayer se cumplieron siete años de la tragedia y se celebraron diversos actos de homenaje a las víctimas organizados por las asociaciones de familiares de los fallecidos en el accidente, el principal de ellos en Zaragoza.

El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, argumenta que Navarro «presenta una enfermedad grave e incurable, se encuentra en fase terminal y necesita cuidados paliativos», lo que ha sido verificado por un médico forense.

La sala basa su decisión en el artículo 80.4 del Código Penal, que establece que «los jueces y tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

El auto señala además que el general Navarro, que pasó a la situación de reserva en 2004 -un año después del siniestro- y ahora está retirado, ha abonado la indemnización de 300.000 euros (10.000 euros para cada una de las familias de los 30 finados) a la que fue condenado, así como la multa de 1.800 euros que le fue impuesta junto con la pena de cárcel.

Las reacciones no se hicieron esperar, comenzando por el presidente de la Asociación de Familias Víctimas del Accidente Yak-42, Miguen Ángel Sencianes, que afirmó que Navarro es «un delincuente», para luego exigir de nuevo apoyo para aquellos militares que «dan la vida por su país».

Tras participar en Zaragoza en el acto de homenaje a las víctimas de la tragedia, Sencianes expresó su sorpresa tras conocer que la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil «ha mostrado un claro apoyo a delincuentes», al realizar una colecta y abrir una cuenta bancaria para atender la indemnización exigida a Navarro y sus subordinados.

Francisco Cardona, padre de uno de los fallecidos, consideró que éstos «no merecen llevar unos galones de militares», ya que son «indignos compañeros y viles traidores». Además, denunció que el ex ministro de Defensa Federico Trillo no quisiera defender «a sus empleados, a sus suboficiales».