El contingente español custodiará los cielos de Libia dos meses más

Todos los partidos, salvo IU, apoyan al Gobierno, si bien critican que, a diferencia del resto de países, se autoimpusiera un plazo de 30 días para llevar a cabo la intervención.

0

El Congreso de los Diputados autorizó ayer al Gobierno a prorrogar por dos meses más la participación española en las operaciones que está desarrollando la fuerza multinacional para garantizar una zona de exclusión aérea sobre Libia, que impida a las fuerzas leales a Muamar el Gadafi masacrar a la población civil que reclama el fin de este régimen dictatorial.

La ampliación temporal, respaldada por todos los grupos salvo IU, incluye la incorporación de otro avión de reabastecimiento en vuelo a petición de la OTAN, que considera que existe cierto déficit en el apoyo logístico a los cazas que se encargan de mantener a raya a la fuerza aérea del dictador. La misión, que también desarrolla labores de vigilancia marítima para garantizar el embargo naval de armas, tendrá finalmente un coste para el Ejecutivo de 43 millones de euros, ya que cada mes de prórroga eleva la factura en siete millones.

Además, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja aprobó que los efectivos ya desplegados en la Operación Protector Unificado, en la actualidad bajo mando de la OTAN, puedan ampliar su cometido en el caso de que la ONU autorice acciones militares de ayuda humanitaria a través de una nueva resolución del Consejo de Seguridad.

500 efectivos

De producirse este supuesto, los militares nacionales se incorporarían a labores de protección naval y aérea de los pasillos humanitarios que se creen, tanto para hacer llegar alimentos y medicinas a la población como para una eventual evacuación de civiles. Esta nueva encomienda no supondría un aumento del número de efectivos, que en ningún caso puede superar el medio millar, ni su despliegue en suelo libio.

«Con el voto favorable, España está volviendo a demostrar coherencia y responsabilidad», explicó Chacón, que añadió que «cada día nos acerca al fin de casi cuatro décadas de tiranía de Gadafi».

No obstante, la ministra de Defensa insistió en que el conflicto libio no tiene una solución «estrictamente militar», por lo que abogó por redoblar los «esfuerzos políticos y diplomáticos» para lograr una paz duradera sin el coronel en el poder, algo que España «desea». Asimismo, recordó que el objetivo de la operación militar se limita a proteger a la población civil.

Este punto, razón de ser de la misión, lo puso en duda el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien recordó que las 4.000 incursiones aliadas han causado víctimas civiles debido a que nos encontramos ante una «guerra asimétrica. No se puede distinguir entre partidarios de Gadafi y detractores», subrayó Llamazares, quien insistió en que la «democracia no se impone y menos mediante la guerra». «Si la solución es intervenir militarmente para evitar que cualquier dictador masacre a su pueblo, prepárense para vestir de uniforme», concluyó.

El resto de grupos, incluido el PP, mantuvo el apoyo al Gobierno. La diputada conservadora Beatriz Rodríguez-Salmones definió la situación como «en tablas», «mal definida» y «extrañamente liderada», y los portavoces del PNV, José Ramón Beloki, y CiU, Jordi Xuclá, criticaron al Ejecutivo central por marcarse un período para la operación, cuando el resto de los países no lo han hecho. Por su parte, Rosa Díez (UPyD) apoyó la prórroga, pese a «las dudas y los claroscuros», porque ve más motivos «de fondo» para autorizarla.