El Ayuntamiento frena el derribo de Can Vies para favorecer el diálogo

Tras cuatro días de altercados nocturnos por el desalojo de un centro ‘okupa’ en Barcelona, el Consistorio tiende la mano a los manifestantes para acordar el futuro del polémico enclave.

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El Gobierno municipal de Barcelona interrumpió ayer el derribo del edificio de Can Vies y reiteró su voluntad de diálogo con los colectivos del centro okupado, pese a que los activistas habían dado por rotas las negociaciones, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio paralizó las obras de demolición para favorecer el diálogo y atendiendo a la petición que el Centro Social de Sants hizo en la reunión del pasado jueves, a la que no asistieron representantes del colectivo de Can Vies pese a ser invitados.

El Gobierno municipal consideró en un comunicado que «es posible encontrar soluciones si todos ponen de su parte» y se mostró convencido de que existen alternativas para garantizar la continuidad de las actividades del centro desalojado en Sants.

Tras cuatro días de protestas, violentas en muchos casos, por el desalojo del centro okupa el pasado lunes, que se han saldado con 61 detenidos y desperfectos por valor de más de 171.000 euros, el equipo de Xavier Trias pide el cese de los altercados y la predisposición de todas las partes para negociar.

Negociación rota

Representantes del centro social autogestinado (CSA) Can Vies de Sants dieron por zanjada la negociación con el Ayuntamiento de Barcelona y reclamaron al Consistorio que les dejen reconstruir a ellos mismos desde hoy el edificio derribado, pero «sin la tutela institucional».

«La negociación está rota en el momento que se desaloja y derriba el inmueble», concretó ayer en rueda de prensa en Can Batlló el portavoz de Can Vies, presentado con el pseudónimo Pau Guerra, junto al de la Associació del Barri de Sants -Marc Justícia- y el de la Plataforma en defensa de Can Vies, Ferran Aguiló.

Guerra pidió detener el derribo, retirar la presencia policial en el barrio y que dimitan el alcalde, Xavier Trias, y el concejal del distrito, Jordi Martí, a quienes culpan de los altercados de los últimos cuatro días.

También rechazaron condenar los incidentes de los manifestantes, a preguntas de los periodistas: «Los actos de violencia tienen que ver con las nulas oportunidades de los jóvenes del barrio y la incapacidad de la clase política». Además, exigieron la liberación de los arrestados en los disturbios, retirar los cargos que se les imputan, y que se detengan todos los desahucios de los centros sociales okupados, como el Casal y el Banc Expropiat de Gràcia, el Ateneu Popular de l’Eixample y Can Sant Pere de Premià.

Entre los objetivos más inmediatos del colectivo está el de volver a alzar el edificio de Can Vies

-ahora parcialmente bajo los escombros, donde aún está la excavadora quemada en los altercados- con la ayuda de colectivos de arquitectos y vecinos del barrio de Sants, y defendiendo que así es como se ha mantenido en los 17 años de vida del centro, propiedad de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

De tal forma, presentaron sus propias propuestas, pese a las anunciadas el jueves por el Centro Social de Sants, que ven compatibles con las suyas: «La reconstrucción está perfectamente alineada con la primera iniciativa del centro social del barrio. Si se está por la labor, el sábado (por hoy) se verá».

Guerra dejó claro que lo que sucede en Sants va más allá de Can Vies, puesto que es una «explosión social» y una reacción a las políticas de CiU, y mencionó como ejemplos la corrupción política y los modelos económicos como el BCN World, que calificó de urbanicidas. «La actitud de Rajoy con Mas sobre la consulta es la misma que la de Mas con Can Vies», recalcó Justicia en relación al proceso soberanista, y tachó la posición del Govern de cinismo escandaloso.

Aguiló deploró la actuación del concejal Martí en la mesa de negociación porque ignoró las propuestas que Can Vies expuso en su momento, como un documento para evitar el desalojo y un plan de comunicación para solucionar los problemas con los vecinos, y le responsabilizó de que se rompiera el diálogo.

También calificó de barbaridad que se empezara a derribar el edificio cuando aún había gente atada para protestar en su interior: «Esto sí que es violencia».