La primera solicitud por parte de la Policía para acceder a los datos telefónicos tuvo lugar el 12 de septiembre de 2018.
La primera solicitud por parte de la Policía para acceder a los datos telefónicos tuvo lugar el 12 de septiembre de 2018. / e.p.
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El juez que instruye el ‘caso Cursach’, el magistrado Miguel Florit, acordó el rastreo de los teléfonos de periodistas sin tener identificados posibles autores de la presunta revelación de secretos, en una pieza abierta para investigar el origen de las noticias periodísticas que se publicaban sobre la macrocausa. Así lo indicaba en un auto en el que acordó requerir a varias compañías telefónicas los listados de llamadas, geolocalizaciones y otros datos asociados a los teléfonos de tres periodistas y dos redacciones de medios de comunicación.

Según consta en el sumario de la pieza separada, la primera solicitud por parte de la Policía para acceder a los datos telefónicos de los redactores de ‘Diario de Mallorca’ y Europa Press, así como del teléfono de la agencia, tuvo lugar el 12 de septiembre de 2018. La orden se dictó al día siguiente, después de que la Fiscalía avalara la medida —considerándola “no invasiva” y “proporcionada”—.

El auto en el que el juez dio luz verde a la diligencia incluye dos puntos en el apartado de razonamientos jurídicos, en los que Florit alude a la ley de protección de datos y concluye que “es necesario acceder a los datos solicitados por la Policía”.

Requerimientos

Sin embargo, el 17 de octubre de 2018 el juez dictó otro auto para realizar nuevos requerimientos a las teleoperadoras, esta vez sumando a una redactora de la Agencia EFE y el teléfono de su sede, a instancias de dos oficios policiales, uno de ellos con fecha del mismo día.

Este nuevo auto es idéntico al anterior con la novedad de que Florit incluyó un párrafo adicional en la fundamentación jurídica, donde señala que en este caso “todavía no está identificado el autor o autores de la filtración efectuada y precisamente se persigue con estas medidas averiguar su identidad”.

Fue más tarde, el 26 de octubre, cuando la Policía solicitó la lista de llamadas de uno de los agentes que más tarde fue detenido; y el 27 de noviembre pidió más llamadas de los periodistas y la intervención y escucha de los teléfonos de los investigados y una persona próxima a uno de ellos, según las últimas informaciones sobre el caso.

Antes de estas pruebas, constan en autos como diligencias de investigación la toma de declaración a los miembros del Grupo de Blanqueo, según los últimos datos sobre la causa.