El Gobierno alarga el periodo de los alquileres pero evita limitar precios

El decreto de medidas urgentes busca paliar la “difícil” situación que se da en el mercado

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley de medidas urgentes y de “absoluta necesidad” en materia de vivienda y alquiler. El fin es paliar la “difícil” situación que se da en el mercado y, más específicamente, en las grandes ciudades. No obstante, no prevé introducir medidas para intervenir los precios del mercado, algo que había acordado con Unidos Podemos en su acuerdo presupuestario.

Según explicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, estas dificultades en las condiciones para acceder a la vivienda “precarizan” la posibilidad de mantener un horizonte de vida, lo que supone un “drama” para las familias, algo con lo que este paquete de medidas intenta evitar.

No obstante, descartó que este decreto incluya medidas encaminadas a intervenir los precios del alquiler, tal y como había acordado con Podemos. Sin embargo, abrió la puerta a que en los Presupuestos del próximo año, que el Gobierno aprobará en enero, se puedan incluir.

En esta línea, fuentes de Fomento, explicaron que el acuerdo con Podemos asegura que la instrumentación del control de precios se iba a desarrollar, estudiar y consensuar a partir del año que viene.

Plazos más favorables

Desde su entrada en vigor, se abre un plazo de trámite de aceptación por parte del Parlamento. “Lógicamente si este acuerdo está avanzado con Podemos y se está hablando en esa dirección se podría incluir la regulación de los precios del alquiler eventualmente”, según Fomento.

Este real decreto modifica cinco leyes: la de Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En concreto, se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada. Esta ampliación no tendrá carácter retroactivo y afectará a los contratos que se firmen desde su entrada en vigor.

También se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Se trata del plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

En cuanto a la fianza, se limitan las garantías adicionales hasta un máximo de dos mensualidades. Salvo que se trate de contratos de larga duración, lo que limita la carga económica que genera al inquilino la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que se suma a la cuantía de la fianza.

Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.

Asimismo, se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato, sin esperar, como hasta ahora, a que finalice.

Desahucios

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Ábalos también se refirió a la problemática derivada de los desahucios, sobre todo tras la proliferación en el alquiler —un 65% de los ejecutados en el tercer trimestre fueron consecuencia de impagos en el alquiler y no en la hipoteca—.

Estos desahucios en los arrendamientos, sestán creciendo a una tasa del 5% anual, como consecuencia de que el 42% de los hogares destinan más del 40% de su renta al alquiler.

Por ello, a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se reforma el procedimiento de desahucio de vivienda. Así, se establece una mejora de la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes.

En el área de impuestos, se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

Además, se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), incorporando medidas en pro del mercado de alquiler de vivienda.

Frente al auge del alquiler turístico en las grandes ciudades, se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial.