El Ejecutivo da luz verde a la mayor oferta de empleo público en 11 años

Las 33.793 plazas aprobadas servirán para rejuvenecer y estabilizar las plantillas actuales

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El Consejo de Ministros aprobó ayer la oferta de empleo público para el ejercicio de 2019 que contará con un total de 33.793 plazas, incluyendo en esta cifra plazas ya aprobadas (como las 383 derivadas del brexit) y otras que han sido autorizadas para estabilizar las plantillas en Justicia y Educación, según informó la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet.

Esta oferta de empleo público para este año es casi un 10% superior a la oferta registrada en 2018, ya que cuenta con 2.949 plazas más que las ofertadas el año pasado. Además, según el Ministerio, es “la mayor registrada en los últimos 11 años”.

Las plazas de la oferta de empleo público son 28.539, más 5.254 correspondientes a la estabilización de empleo temporal. En concreto, 20.781 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE), 1.814 a las fuerzas armadas, 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 383 plazas que se convocaron ya en febrero en previsión del efecto del brexit.

Del total de plazas correspondientes a la estabilización, 2.528 corresponden al ámbito de la AGE, 2.237 al ámbito de Justicia y tan solo 489 a Educación.

Esta oferta de empleo público se utilizará como instrumento de planificación de recursos humanos, mediante la incorporación de herramientas que permitan hacer un uso lo más eficiente posible de la distribución de las plazas de la oferta, y reforzará la dotación de la Administración Periférica del Estado con un total de 15.837 plazas, el 47%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular del Ministerio detalló que es la primera vez que se aprueba una oferta de empleo público conforme a una metodología plurianual y de base 0, que basa las decisiones en las necesidades reales de recursos humanos a satisfacer conforme al año anterior.

Asimismo, apuntó que también tiene en cuenta tanto el envejecimiento del personal de las administraciones públicas como el resultado de los diferentes procesos de selección. Entre las novedades, también destaca que a esta oferta le será de aplicación la eliminación como objetivo de exclusión para el acceso del diagnóstico de diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH.

Por otro lado, Batet aseguró que, según el análisis realizado, los sectores más necesitados son los del Empleo, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, tráfico, catastros o lucha contra el fraude, aunque también se va a priorizar la administración penitenciaria o la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Además, apuntó que se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación, evitando desajustes no deseados entre distintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.

La oferta de 33.793 puestos de trabajo ha sido acordada con CSIF, CCOO, UGT y CIG y verá la luz a través de varios reales decretos referidos a la AGE, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estabilización en el ámbito de Justicia y Educación.

Objetivos

La ministra afirmó que hubiera sido una “absoluta irresponsabilidad” no aprobar la oferta de empleo público de 2019 antes del 28 de abril, pues, además de entrar dentro de las funciones ordinarias del Ejecutivo, había dudas de que un gobierno en funciones hubiera tenido la capacidad de aprobarla.

Batet justificó además la aprobación de la oferta antes de los comicios generales en la necesidad de garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos y de dar seguridad al cuerpo de opositores, que saben que en marzo suele aprobarse la oferta de empleo público. Así, dejó claro que el objetivo de esta oferta es reforzar los servicios de atención al ciudadano y rejuvenecer las plantillas.

En la actualidad, la plantilla de la AGE es de 135.476 funcionarios, con una edad que prácticamente ronda los 52 años, diez años más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5 años.
Asimismo, alertó de que es previsible que algo más del 51% del personal se jubile en los próximos diez años, cifra que asciende hasta el 62% en el caso de los auxiliares administrativos.

Este año, el 14% de los empleados reunirán los requisitos para poder jubilase, aunque “no tienen por qué jubilarse todos ellos”. “Estas cifras nos dan una magnitud del problema al que tenemos que hacer frente mediante una reposición de efectivos en las que las ofertas de empleo público de los próximos años van a jugar un papel fundamental”, resaltó Batet.