El Tribunal Supremo confirmó en 2016 el sobreseimiento de la causa acordada por la Audiencia Nacional. / efe
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El Tribunal Constitucional desestimó los recursos contra el archivo de la investigación de la muerte del cámara de televisión José Couso en 2003 en Bagdad durante la guerra de Irak en el que estaban procesados tres militares estadounidenses por supuesto delito contra la comunidad internacional. Así lo acordó en una sentencia en la que rechazó los recursos de los familiares de José Couso y la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra la decisión del Tribunal Supremo, que confirmó en 2016 el sobreseimiento de la causa acordada por la Audiencia Nacional.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo rechazaron además presentar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringe los supuestos en los que los tribunales españoles pueden perseguir delitos de justicia universal.

La reforma parcial de esta ley supuso el archivo, entre otros casos de justicia universal que investigaban jueces españoles, el referido a la muerte del cámara de Telecinco tras ser disparado por un tanque estadounidense cuando se encontraba en un hotel de Irak.

Los motivos

Para el Constitucional no procede el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad porque no existen motivos para considerar que la ley aplicada en el procedimiento resulta por sí misma lesiva para los derechos fundamentales invocados por los recurrentes.

Además recordó que el Constitucional ya desestimó en diciembre del año pasado en otra sentencia el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados contra dicha reforma legal, aprobada en 2014 con la mayoría absoluta del Partido Popular.

El Tribunal explicó que en el caso de la muerte de José Couso “el Tribunal Supremo fijó con claridad el fundamento del sobreseimiento del caso: la no concurrencia de los presupuestos que activan la jurisdicción española” según la ley reformada en 2014, “toda vez que los procesados, de nacionalidad norteamericana, no tienen residencia en España ni se encuentran en territorio español”.

La familia de José Couso y la ALA cuestionaron la respuesta de los órganos judiciales al conflicto entre el derecho interno que regula la jurisdicción extraterritorial de los tribunales españoles tras la reforma legal y los convenios y tratados internacionales sobre persecución de crímenes contra la comunidad internacional, pues estiman que deben prevalecer estos últimos.