Dos años de cárcel por pegar y vejar a la maestra de su hija

Una mujer es condenada en Barcelona por los delitos de atentado, lesiones y amenazas, tras arañar y tirar del pelo a una profesora porque, según su versión, trataba mal a la niña

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Una juez de Barcelona ha condenado a dos años de cárcel a una mujer acusada de haber pegado e insultado a la profesora de su hija, del instituto Roger de Flor de la capital catalana, después de que la agresora reconociera los hechos y aceptara la rebaja de pena propuesta por las acusaciones.

De acuerdo con esa sentencia de conformidad, que ha evitado la celebración del juicio, la procesada, Milagros F.G., de 46 años, deberá pagar la indemnización de 8.840 euros que reclamaba la Fiscalía para la docente.

En sus conclusiones provisionales, tanto el Ministerio Público como la acusación particular, ejercida por la Generalitat, pedían inicialmente tres años de cárcel para la agresora, que al aceptar la pena de dos años podría eludir su ingreso en prisión, dado que carece de antecedentes penales.

La mujer fue condenada por un delito de atentado en concurso con otro de lesiones y por una falta de amenazas, que la obliga a pagar una multa de 120 euros, y se le prohíbe acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima y su lugar de trabajo, así como comunicarse con ella, durante los próximos dos años. Tras una breve vista en la que la procesada aceptó el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y su defensa, la titular del juzgado de lo penal número 23 de Barcelona reprendió a la acusada, una vez el público había abandonado la sala, para recordarle que tiene terminantemente prohibido acercarse a la víctima.

La profesora, que siguió desde los bancos destinados al público la escueta vista oral, abandonó el juzgado entre lágrimas y arropada por algunos de sus compañeros.

Según los hechos reconocidos por la propia procesada, la agresión tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008 a la salida de clase, cuando Milagros F.G. se personó en las inmediaciones del Instituto Roger de Flor de Barcelona y se abalanzó contra la profesora de Ciencias Sociales de su hija, alumna de primero de ESO de ese centro educativo.

La acusada, enojada porque su hija le había dicho que la docente la insultaba, la emprendió a golpes contra la maestra, en presencia de alumnos y vecinos del barrio barcelonés de Trinitat Nova, mientras la arañaba, le arrancaba mechones de pelo y la arrinconaba contra la pared.

Al mismo tiempo, la condenada insultaba a la maestra con palabras soeces, mientras amenazaba con matarla, en una brutal agresión que solo terminó cuando algunos compañeros de la víctima acudieron en su auxilio y la ayudaron a refugiarse en el propio centro educativo.

La versión que siempre ha mantenido la acusada es que esperó a la maestra a las puertas del colegio para pedirle explicaciones por los repetidos insultos y vejaciones a los que, en su opinión, sometía a su hija, tras haber intentado sin éxito ser recibida por la maestra.

La protección penal de profesores y médicos de centros públicos se reforzó a raíz de la instrucción que en noviembre de 2006 dictó el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, para que sus fiscales tipificaran como delito de atentado, castigado con hasta cuatro años de cárcel, las agresiones a profesionales de la educación y la sanidad.

Sobre este asunto, la Audiencia de Barcelona falló en 2008 que una agresión a una profesora no puede considerarse delito de atentado, ya que los educadores ejercen una «actividad estrictamente docente y nada tenía que ver con el orden público».

La sentencia se refiere a un caso de 2005 en el que el Juzgado de Menores condenó a una menor a seis meses de libertad vigilada por un delito de atentado y uno de lesiones. La joven, que tenía prohibida la entrada en clase por haber insultado a la docente, propinó una fuerte patada a la puerta que, al cerrarse, seccionó una falange a la educadora, que estuvo un año de baja por sentirse «incapaz de afrontar su reincorporación» después de los hechos.

La defensa recurrió la sentencia y la Audiencia admitió el recurso, absolviendo a la menor del delito de atentado, pero no del de lesiones. Consideró que «la relación entre profesores y alumnos en un centro docente poco tiene que ver con el orden público».

Además, argumentó que, en caso de que estas agresiones se consideraran atentado, se produciriá una situación de desigualdad entre los docentes que son funcionarios públicos y los que no.