Daniel Baena califica el periodo entre el 20-S y el 27-O de insurreccional

El teniente coronel de la Guardia Civil relata que valoró usar la fuerza si los concentrados hubieran entrado en la Consejería de Economía cuando estaba siendo registrada

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El oficial de la Guardia Civil señaló en el juicio que “Cataluña era un polvorín” desde los registros del 20-S.
El oficial de la Guardia Civil señaló en el juicio que “Cataluña era un polvorín” desde los registros del 20-S. / efe
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El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación sobre la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, calificó de “periodo insurreccional” el transcurrido en Cataluña partir de la actuación en Unipost y, sobre todo, desde la operación de registros del 20-S y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 28 de septiembre. “Aquello era literalmente un polvorín”, dijo.

Así lo señaló este testigo clave ante la sala que juzga el ‘procés’ en el Tribunal Supremo, incidiendo en la existencia de un antes y un después en el ambiente que rodeó las investigaciones que su equipo de policía judicial llevaba a cabo por orden primero de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y después a raíz de las diligencias iniciadas en marzo de 2017 por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.

“Detectamos las cartas de Unipost y ahí ya fue un golpe duro”, señaló, para añadir que un día después, con motivo de la operación del 20 de septiembre, hubo que montar un dispositivo especial para que los registros no fueran conocidos con anterioridad y las pruebas que se buscaban pudieran ser “difícilmente obtenibles”. “A partir de ahí nos poníamos en un clima que podríamos calificar, por objetivos y por número de acciones, de insurreccional”, añadió.

Dentro de este clima de acciones hostiles a la investigación, el teniente coronel señaló que se contabilizaron un total de 88 actuaciones contra la Guardia Civil, tan sólo dos antes del 20-S, 84 entre esa fecha y la aplicación del artículo 155 y de nuevo dos después de dicho momento. En el caso de la Policía Nacional, los ‘escraches’ y acciones contra el cuerpo fueron 25, mientras que contra los Mossos d’Esquadra se contabilizaron tan sólo dos.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal —cuyo interrogatorio mereció varias protestas de las defensas por la terminología utilizada, como la mención a “asedios” cuando el testigo había mencionado ‘escraches’—, el teniente coronel situó el periodo de “máxima conflictividad” entre el 20 de septiembre y el “paro de país” del 3 de octubre de 2017.

Así, en cuanto a los ‘escraches’, el testigo contabilizó un total de 47 durante dichas fechas en casas cuarteles de la Guardia Civil, en las que viven los agentes junto a sus familias y hay niños, según subrayó a requerimiento de la fiscal, añadiendo que uno de los casos, en Igualada (Barcelona), se llegó a arrojar una prenda con líquido inflamable.

Los cortes en carreteras y vías férreas, sin embargo, fueron más numerosos a raíz de la aplicación del 155 según este testigo —se contabilizaron un total de 193—. Lo que cambió radicalmente tras la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy fue la respuesta que encontraron cuando acudían a las sedes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o a Ómnium Cultural para ejecutar alguna diligencia, ya que entonces no se encontraban con la resistencia ciudadana que en jornadas anteriores era la tónica general.

instrucción

Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, centró todo su interrogatorio al teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, a cuestionar los inicios de la instrucción, con veladas críticas al hecho de que se abrieran diligencias en diferentes órganos judiciales.

Ante la cantidad de preguntas en el juicio por el proceso independentista que sugerían estos planteamientos, el testigo reiteró en numerosas ocasiones que toda la investigación comenzó por indagar en una posible malversación de fondos públicos para un fin ilícito como sería la declaración soberanista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015, que marca el inicio del ‘procés’.

Por tanto, el teniente coronel remarcó que su labor al frente de la instrucción no consistió nunca en investigar “resoluciones políticas”. “Los investigados no lo están por lo que piensan o dicen, sino por hechos que pueden ser constitutivos de delito”, afirmó, para subrayar que todo se hizo acorde a la legalidad y con mandato judicial.