El exsecretario del PP valenciano, Ricardo Costa, con su pareja y su abogado, ayer, a su llegada a la Audiencia Nacional.
El exsecretario del PP valenciano, Ricardo Costa, con su pareja y su abogado, ayer, a su llegada a la Audiencia Nacional. / EFE
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El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa ha confirmado este miércoles en la Audiencia Nacional que fue su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps quien decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con “dinero negro”.

Así lo reveló Costa durante su declaración en el juicio por la presunta caja ‘b’ del PP valenciano, la cual ha comenzado diciendo que, “después de una profunda reflexión”, quiere “contar la verdad” sobre el sistema de financiación del PPCV y “colaborar con la justicia” en la misma línea que han confesado los líderes de la Gürtel.

Y así ha sido después de que el ‘cabecilla’ de la red corrupta, Francisco Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, afirmaran también en este juicio que fue Costa el que les indicó que si “querían cobrar” los servicios prestados por Orange Market, debían facturar a terceros empresarios. Nueve de éstos reconocieron los hechos.

Dos vías de financiación

Costa ha dicho que las campañas del PPCV en 2007 y 2008 se financiaron a través de dos vías: la primera, con las subvenciones públicas que tienen asignadas todos los partidos con representación parlamentaria, la segunda, “con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano”, de modo que “es cierto que el PPCV se financiaba con dinero negro”.

Y a raíz de lo también declarado en el juicio por el que fue responsable de Orange Market Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, que apuntó hacia un escalón más alto al citar a Francisco Camps como el exdirigente que instauró este sistema, Costa lo confirmó asegurando que “las decisiones más importantes” sobre las campañas las tomaba el expresidente en su condición de líder del PPCV y candidato a la reelección.

Según Costa, fue Camps, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PPCV se financiase “con dinero negro” para poder sufragar los actos. Y sobre la contratación con Orange Market, ha precisado que también fue decisión de Camps: “Me lo comunica el señor Pérez, aunque después hubo una comunicación oficial por los cauces del partido”.

Costa remarcó que ninguna de estas decisiones fue aprobada por el partido: “No se aprobó por ningún órgano de partido que se contratase con Orange Market ni ningún presupuesto. Cada acto tenía un coste y los responsables de Orange Market hicieron sus cuentas y el coste se supo al final. No me extrañó, pero no era el procedimiento establecido en los estatutos”, aseguró.

Según señala el escrito de acusación de Anticorrupción, el PPCV pagó a Orange Market 3,4 millones de euros en actos electorales y otro eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuales 1,2 millones cargaron a los empresarios.

Plaza de toros

En el relato de esas campañas, Costa mencionó uno de los actos electorales más conocidos: el de la plaza de toros de Valencia en 2008, con Mariano Rajoy como candidato a La Moncloa. En este acto, y por “petición expresa” de Camps, el PPCV pagó con dinero negro “complementos” como fuegos artificiales, una banda de música o pantallas.
A lo largo de su declaración, y según iba relatando hechos concretos en los que él conocía y participaba de este sistema de financiación irregular de su partido, Costa admitió que no lo impidió, que omitió su “obligación de denunciarlo” y está dispuesto a asumir su “responsabilidad”.

Es más, al finalizar su exposición, el acusado mostró su “arrepentimiento”, pidió “perdón a la sociedad española y valenciana” y también a su familia, por las “consecuencias” que van a sufrir tras su confesión. También dijo que nunca se lucró con las irregularidades relatadas y que está de acuerdo en la pena que la Fiscalía pide para él, siete años y nueve meses por tres delitos electorales y uno de falsedad de documento mercantil.

Según Costa, él tuvo conocimiento de este sistema de financiación irregular en 2005 y que ya fue en 2007 cuando el exvicepresidente valenciano Víctor Campos le comunicó que tanto Camps como Cotino le habían encargado “tener relaciones con los empresarios que financian al partido”, mostrándole sobres con dinero en efectivo.

Ocurrió antes de la campaña electoral de 2007 y, según Costa, se quedó “tan preocupado” que se desplazó a la sede nacional del PP, donde Luis Bárcenas, le contestó que esa forma de financiación era una “práctica prohibida en el PP porque sería un ‘Filesa 2’”.