Contra un alarde de incoherencias

El Partido Popular recurre al Constitucional la prohibición de las corridas de toros en Cataluña a partir de enero de 2012.

Cataluña aguarda y los taurinos no tiran la toalla. Y es que el PP presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que prohíbe las corridas de toros a partir de enero de 2012, al considerar que esta norma «invade competencias estatales» y es «inconstitucional», ya que las comunidades autónomas «no tienen facultad para suprimir la tauromaquia».

El litigio de inconstitucionalidad, presentado por el portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero, con la firma de 50 senadores de esta formación, argumenta que la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña el pasado 3 de agosto «incumple cerca de una docena de artículos de la Carta Magna».

A la salida del Alto Tribunal, García-Escudero sostuvo que el recurso «está bien fundamentado», y se mostró convencido de que «saldrá adelante», asegurando que el Constitucional se pronunciará acerca de su admisión a trámite antes de tres meses, «y este último dato ya habrá que considerarlo muy positivo».

El portavoz popular, que acudió al registro del Constitucional acompañado de la portavoz adjunta de su partido en el Senado, Rosa Vindel, precisó que la norma en cuestión «vulnera derechos y libertades de los ciudadanos».

Otra puntualización de García-Escudero fue que, «reconocido el carácter cultural de la Fiesta en diversas leyes, el veto rompería principios constitucionales básicos de acceso a la cultura».

El portavoz del PP en el Senado aseguró también que «esta prohibición es un alarde de incoherencia, porque, paralelamente se permiten los festejos con toros», aludiendo a los espectáculos de correbous o toros de las calles que, posteriormente a la aprobación de la referida normativa, quedaron blindados por el mismo Parlamento catalán.

«El recurso presentado ayer está fundamentado sobre bases estrictamente de derecho», insistió García-Escudero, para añadir que «tampoco se puede pasar por alto que la Fiesta de los toros es un fenómeno nacional, cultural, histórico, social, económico e industrial».

Y de ahí que, además de la cuestión competencial, el recurso alude a los toros como actividad empresarial, lo que llevaría a considerar que su prohibición rompe con la unidad de mercado, al tiempo que analiza esa vertiente cultural de la tauromaquia.

A la salida del Tribunal Constitucional, el senador popular señaló finalmente que «el trasvase de la Fiesta de los toros del Ministerio de Interior al de Cultura debería ser más, declarándolo bien de interés cultural y con la integración de este espectáculo en el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas), como está la música o la danza».

Esta defensa de los festejos taurinos en Cataluña que hacen los populares en su exposición alude también al «derecho comunitario, que reconoce expresamente los valores de la Fiesta, y recoge la tauromaquia como una excepción al régimen general de tutela en materia de bienestar animal».

También en el recurso registrado se explica que hay un principio constitucional no escrito, «el de la unidad del orden económico nacional», que estaría contravenido por la decisión del Parlamento de Cataluña.