«Con Murcia, que es del PP, hemos demostrado nuestra voluntad de ceder las competencias»

Francisco Caamaño Domínguez: Ministro de Justicia. Nació en la localidad de Cée (La Coruña) en 1963. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. En el primer Gobierno de Zapatero (2004) designado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Antes de ser nombrado ministro en febrero de 2009 fue secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios

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Francisco Caamaño atendió a los compañeros Diario de Burgos (periódico perteneciente al grupo editorial PROMECAL) al final de una larga jornada de trabajo el pasado jueves en los nuevos juzgados de la ciudad, donde acudió para supervisar la puesta en marcha de la oficina judicial, para cuya implantación en todo el país se ha dejado la piel desde que es ministro. Tenaz defensor de la independencia de los jueces, se muestra implacable ante ETA. «Lo único que merecen los presos es que se cumplan sus condenas», asevera.

Es cierto que llevaba poco tiempo en el cargo, pero se ha librado de la última remodelación. ¿Cómo encara esta última parte de legislatura?

Con mucha ilusión y energías renovadas. Sobre todo con ánimo de impulsar todos los instrumentos para la recuperación económica del país -entre los cuales el Ministerio de Justicia es una pieza clave-, mantener la cohesión social y generar empleo. Estoy convencido de que los ciudadanos lo comprobarán día a día.

¿Cree que el presidente sorprenderá a todos convocando elecciones anticipadas?

No. Igual que el presidente, creo que los períodos de mandato deben cumplirse. La normalidad constitucional e institucional es lo mejor para un país.

En lo que queda de legislatura, ¿el reto más grande de su Ministerio es la puesta en marcha de la nueva oficina judicial?

Tenemos otros. La oficina judicial es una pieza clave, porque de ella depende el proceso de transformación de la justicia. Pero le acompañan otras medidas que se irán implantando el año que viene y en 2012. Hay un plan estratégico de modernización de la Administración de justicia 2009-2012 que estamos ejecutando. Nos dijeron que no era creíble, que no había recursos. Pero en un año y pico de trabajo, todos han podido comprobar que se está haciendo realidad. Lo más importante, entre lo que queda, es la supresión de los juzgados de instancia. Lo que habrá será un juzgado de instancia servido por varios jueces.

¿Podría explicar a los lectores, en pocas palabras, en qué consiste la nueva oficina?

Los juzgados operan hoy como una isla. Están formados por un juez, un secretario y siete u ocho funcionarios. El sistema fue ideado en el siglo XIX, cuando eran muy difíciles las comunicaciones. Cada juzgado debía hacer un poco de todo. Ese modelo no responde a la realidad española de hoy. La oficina cambia la organización pensando en nuevos procedimientos judiciales, para aprovechar y rentabilizar las nuevas tecnologías. Lo que habrá a partir de ahora son varios jueces, con una unidad de apoyo de dos funcionarios que trabajan directamente con cada uno. Y después hay servicios comunes que no sirven a un determinado juzgado, sino que servirán a todos los juzgados. Serán unidades de 70 u 80 trabajadores, comandados por un director -como en la empresa privada-. ¿Qué se persigue? Cambiar la organización para poder acoplar las nuevas tecnologías. Un AVE no puede circular por vías viejas. El objetivo es ganar tiempo, tener agilidad y mejorar la calidad del servicio, que es lo que exigen los ciudadanos.

¿Abre las puertas la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña a que cualquier Comunidad que lo decida se haga llamar nación?

No, de ninguna manera. El Tribunal Constitucional dijo que los preámbulos no son susceptibles de control de constitucional, algo que dijimos algunos. Que un preámbulo es solo lo que precede a la Ley. Establecer un debate sobre los efectos jurídicos de un preámbulo es incoherente. Es lo que hizo el PP y tendrá que explicarlo. Las comunidades autónomas son nacionalidades. Y si alguien lee el artículo 1 del Estatuto lo que dice es que es una comunidad autónoma y una nacionalidad histórica. Y eso es conforme a la Constitución.

¿Es de recibo que la renovación del TC llevé cuatro años pendiente?

Evidentemente no. Pero eso es imputable al Congreso y al Senado, no al Constitucional. Hagamos memoria. Los senadores del PSOE tuvieron voluntad de renovación, para lo cual intentaron cambiar la Ley Orgánica. Pero el PP recurrió. El propio TC resolvió que era constitucional. El Senado adaptó el reglamento a la norma y el PP volvió a recurrir. Y el TC volvió a decir que el reglamento era constitucional. El retraso, por tanto, se debe a una opción política y no a otra. Por fortuna ya está desbloqueada y hay un acuerdo para el nombramiento de los magistrados que corresponden al Senado. Como consecuencia del retraso, se ha producido un efecto indeseado. No es posible cumplir simultáneamente el mandato de nombrar por 9 años y renovar por tres. La Constitución, el Tribunal y la práctica se inclinan, en caso de conflicto, por la renovación por tercios, y eso es lo que se ha aprobado con el PP en una nueva ley. A partir de ahora ya sabemos que cuando se produzca un retraso los mandatos se acortarán.

¿Es partidario de una reforma de la Constitución para que el sistema de elección de sus miembros no esté tan politizado?

La crítica de la politización de la justicia es más amplia. Afecta a más órganos que al Tribunal Constitucional. El hecho de que juristas de reconocido prestigio -15 años de profesión acreditada- asuman la responsabilidad a propuesta de Congreso o Senado no quiere decir que no tengan garantizada su independencia. En Estados Unidos, sus nueve magistrados son nombrados por el presidente y nadie duda de que ejercen su función de forma independiente. Y yo no lo hago respecto a los miembros del Constitucional o el CGPJ. Ellos van a interpretar la Constitución, que es un pacto de convivencia y bueno es que quienes están en el Constitucional sientan el apoyo democrático que les da el haber sido elegidos por los representantes de los ciudadanos. Al margen de los debates que suscita la existencia de asociaciones de jueces, a la hora de dictar sus sentencias los magistrados lo hacen desde su conciencia e independientemente.

¿Qué opinión le mereció que el CGPJ suspendiera a Baltasar Garzón?

Es una decisión jurisdiccional y el ministro de Justicia nunca cuestiona las decisiones de los tribunales.