Cataluña no llega a ser nación

La sentencia del Constitucional sobre el recurso del PP contra el ‘Estatut’ asegura que «no hay otra nación que la española», aunque permite que la polémica palabra siga en el texto

Fieles a esa máxima tradicional de que el papel lo aguanta todo, la sentencia dictada por los magistrados del Tribunal Constitucional en torno al recurso del PP contra el Estatut catalán, dada a conocer ayer en su integridad, tiene la virtud de haber servido lo mismo a los populares que al Gobierno socialista para proclamar completamente salvadas todas sus exigencias. De hecho, el texto de la resolución, de casi mil páginas, tanto proclama que «la Constitución no conoce otra nación que la española» y que el pueblo español es el «único titular reconocido» de soberanía, como asimismo señala que es posible «hablar de nación como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa».

Así pues, mientras que la literalidad del fallo explica que «la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la española», lo cierto es que los jueces han permitido que el término nación siga figurando incólume en la norma regional, un hecho que es bastante más evidente que los cientos de páginas que dedican a justificar que esa controvertida palabra está sin estar, puesto que «no tiene valor normativo» al estar contenida en el preámbulo, algo que, a juicio de los magistrados, se traduce en que no requiere de «una declaración de inconstitucionalidad expresa».

Además, con respecto a los símbolos nacionales de Cataluña, la resolución destaca que esta definición ha de entenderse como «símbolos de una nacionalidad constituida como comunidad autónoma», sin que eso cree «una competencia o contradicción con los símbolos de la nación española». Tal afirmación es difícil de casar con la también contenida en la sentencia que dice no compartir la visión «restrictiva» que tienen sobre la Constitución los recurrentes y defiende que su visión es más «amplia», por lo que acepta que «en cualquier contexto que no sea el jurídico-constitucional» Cataluña pueda presentarse como «una realidad nacional», lo que considera una «idea perfectamente legítima».

Casi tan alambicados y maleables son los razonamientos del Constitucional a la hora de encajar la convivencia de los idiomas español y castellano en el ordenamiento jurídico de la región mediterránea. Así, se explica que el conocimiento del catalán no puede ser un deber jurídicamente exigible con carácter generalizado y deja claro que no se puede imponer un deber de conocer el catalán equivalente al deber constitucional de conocer el castellano.

El fallo reduce este deber al ámbito de la Educación y a los funcionarios de la Administración catalana, y dice que, si se interpreta así, el artículo 6,2 sí se ajusta entonces a la Constitución.

Por ello, «las administraciones públicas catalanas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales», ni tampoco los medios públicos, por ser motivo de discriminación entre lenguas.

En resumen, el fallo señala que dicho precepto («El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua»), debe ser concebido como un deber «de naturaleza distinta al que solo cabe predicar del castellano», esto es «como un deber que no es jurídicamente exigible con carácter generalizado, el deber de conocimiento del catalán tiene un objeto propio que lo justifica como mandato y que permite interpretarlo conforme a la Constitución».

No obstante, el alto tribunal reconoce la competencia del Parlament para adoptar de forma «adecuada y proporcionada» políticas lingüísticas para «corregir situaciones históricas de desequilibrio», lo cual, a efectos prácticos supone promover de facto la antes negada preferencia del catalán sobre el castellano.

El catálogo de reproches verbales del Constitucional que luego no tienen reflejo jurídico continúa con el Consejo de Justicia de Cataluña, que define como un «evidente exceso», puesto que el único órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, pese a «la impropiedad constitucional» de tal institución, los magistrados añaden que ello no significa que el Consejo sea inconstitucional, ya que se le permite tener las funciones atribuidas a las comunidades en materia judicial, es decir, relacionadas con la parte organizativa de la Administración de Justicia.

Así, el Consejo de Justicia de Cataluña quedaría bastante huérfano de atribuciones y tan solo se le confiere la potestad de precisar y aplicar, en el ámbito de la región los reglamentos de CGPJ, formar sobre propuestas en materia de organización y demarcaciones y presentar una memoria en el Parlament, pero se mantiene intacta su condición de símbolo para la ciudadanía, que, más allá de los tecnicismos, visualiza que la Autonomía cuenta con un Poder Judicial propio e independiente.

FuenteAGENCIAS 
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